Las malditas antenas

En los últimos meses estamos observando una proliferación de antenas para la telefonía móvil que no deja de sorprender. No sólo se han instalado en medios urbanos, sino que ahora se están extendiendo a sectores rurales alterando su paisaje. Su intención no es otra que la de extender la cobertura de la telefonía móvil a todos los lugares donde exista una demanda real o potencial de comunicación por esa vía.
Esta expansión está siendo liderada por las grandes empresas de telecomunicaciones buscando minimizar costos. En los países mas desarrollados los gobiernos y pueblos están planteando exigencias tales que están forzando el reemplazo de las antenas por satélites que si bien son de mayor costo, no dañan el ambiente, la salud, el patrimonio, ni la convivencia de las personas involucradas. Las empresas recurren a toda clase de subterfugios legales ante la pasividad de las autoridades y por qué no decirlo, de nosotros mismos, sin percatarnos de sus alcances sobre nuestras vidas.
Es así como tenemos antenas en cuarteles de bomberos, a cambio de unos millones que les permita financiar sus actividades; tenemos antenas en casas y predios particulares que de esta manera les ayuda a solventar sus problemas económicos y/o gastos que de otra manera no podrían sostener. Los contratos que se manejan por concepto de subarriendo no son menores.
La legislación sobre la materia es en extremo relajada, presumiéndose que no se producen daños ambientales, ni a la salud ni al patrimonio de quienes residen en los sectores que rodean a la instalación de una antena.
A medida que se van recogiendo mayores antecedentes respecto de los daños que ocasiona una antena de 30 metros de altura, los países van imponiendo restricciones que están incorporando en su cuerpo legislativo. En Chile existe un proyecto de ley sobre la materia que intenta elevar las exigencias al respecto, y uno de sus puntos más significativos está dado por la necesidad de contar con la autorización de la vecindad dado que la acción de un particular en beneficio propio está ocasionando costos en terceros. Este proyecto lleva años en el Congreso y de alguna manera explica la premura de las empresas de telecomunicaciones por acelerar sus instalaciones.

No obstante, la legislación actual favorece por completo a las empresas, ellas deben cumplir ciertas formas mínimas que ni siquiera se dan la molestia de satisfacer y que he podido comprobar in situ. En tal sentido el rol de cada municipio es clave, a través de sus autoridades políticas y su instancia técnica, que en este caso es la Dirección de Obras Municipales, instancias de deben hacer uso de las atribuciones que poseen sobre la materia, al igual que todos los organismos comprometidos, entre los cuales destaca la Subsecretaría de Telecomunicaciones.
Existen comunas donde las autoridades han ejercido en plenitud sus atribuciones, llegando al extremo de desmantelar instalaciones efectuadas sin mediar siquiera los avisos y los permisos que las leyes contemplan. En esto también importa el firme ejercicio de los derechos ciudadanos que nos competen.