El 20 de noviembre participé en el seminario “Perspectivas de los recursos hídricos: ¿nacionalización de las aguas?” organizado por CONAPHI (comité chileno para el programa hidrológico internacional de UNESCO). Ciertamente ha sido el proyecto de Hydroaysén -con su intención de inundar la Patagonia- lo que ha abierto la discusión respecto del uso de las aguas en nuestro país.
Chile es uno de los países que tiene la legislación más libre mercadista en lo que se refiere a la propiedad del agua. En este escenario, el mercado es incapaz de dar respuesta a las necesidades de las comunidades. La codicia, la especulación y la destrucción del medioambiente, son el resultante del abuso de quienes hoy concentran la propiedad de los derechos de agua en Chile.
Es por eso, que creo profundamente que lo que debe guiar la discusión sobre la explotación del agua y de todos los recursos naturales, es el principio del destino de la universalidad de los bienes. Este plantea que los bienes tienen un rol social y son patrimonio común de todos los hombres a través del tiempo y de las generaciones. En otras palabras, es inmoral que las futuras generaciones carguen los costos del desarrollo actual.
Es evidente, que la ciudadanía entiende este principio, porque cuando existe el riesgo de un daño irreparable al medioambiente - debido al uso depredatorio de los recursos naturales- las personas actúan decidida y coordinadamente defendiendo sus intereses, los de sus hijos y los de sus comunidades.
Es así, como este martes, ingresaron más de 11 mil observaciones ciudadanas -de pobladores, organizaciones regionales y nacionales y centros de investigación, ONG´s- al estudio de impacto ambiental de HidroAysén. Este es el mayor número de cuestionamientos en toda la historia de Chile, presentado a una iniciativa sometida a evaluación ambiental.
Este es un ejemplo, sobre como la participación ciudadana debe ser el eje central del desarrollo, del progreso y del bienestar colectivo de la sociedad. Constituyéndose como un medio de democratización de los espacios institucionales que se gestan entre el Gobierno, las empresas y la sociedad.
Sin embargo, la participación ciudadana es un proceso que se va construyendo como consecuencia de un actuar en el territorio, que no se logra únicamente por la promulgación de un decreto o ley, sino en las prácticas cotidianas y en el trabajo articulado entre los diferentes actores.
Por ello propongo rediseñar nuestra división política administrativa y recuperar el concepto de provincias asociadas a cuencas con una legislación moderna que aumente los espacios de participación de todos los actores que deben convivir en ella. Incorporando en la discusión las variables de esta época como lo son, la gestión del agua, del aire, el transporte, los asentamientos humanos, la actividad económica, etc.
Soy un convencido, que con un nuevo ordenamiento territorial que asegure la participación ciudadana en función de un desarrollo común podremos generar contrapesos reales al poder. Así, construiremos un país que progresa con valores para todos y cada uno de los chilenos.