El vicepresidente del Senado Jaime Naranjo y el senador Mariano Ruiz-Esquide anunciaron hoy la presentación de un proyecto de ley destinado a que todas las personas discapacitadas que lo requieran tengan derecho automático a una pensión asistencial. Por tal motivo, pedirán el patrocinio del Ejecutivo a la iniciativa.
“Vamos a pedir el patrocinio al gobierno para impulsar esta medida que permita garantizar pensión mínima a los discapacitados y terminar con esta situación de marginalidad y absoluta precariedad en que viven hoy día la inmensa la mayoría de los discapacitados que generan serios trastornos y dificultades al interior de su familia. Aún más nos parece perfectamente legítimo en la discusión del presupuesto del año 2007 ya abordar este tema y que sea incorporado dentro de las modificaciones presupuestarias que se podrían hacer al presupuesto de la nación. Creemos que este no es un tema para que sea abordado cuando se toque el problema de la Reforma Previsional. Esto se puede hacer perfectamente ahora”, precisó Naranjo.
El senador Naranjo explicó que actualmente existen dos mecanismos de ayuda económica a quienes se encuentran discapacitados: la Pensión Asistencial de Invalidez y la Pensión Asistencial de Invalidez para Enfermos Mentales, precisando que ambas, otorgan alrededor de $ 32.173 a personas inválidas y deficientes mentales, debidamente acreditadas por Compin.
Sin embargo -agregó Naranjo- para poder acceder a estas pensiones deben ser calificadas como: carentes de recursos por la Municipalidad respectiva conforme a la ficha CAS II: no superar los 550 puntos de su ficha CAS: no tener ingresos superiores al 50% de la pensión mínima. ( alrededor de $ 50.000 ) y; ser mayores de 18 años.
Enfatizó que en síntesis se postula a los cupos de pensiones asistenciales de invalidez que existan para cada comuna o región, siendo además, estos fondos limitados, por lo cual una gran mayoría de personas discapacitadas en forma severa no puedan acceder a estos mecanismos de ayuda por parte del Estado.

Por lo anterior, los senadores, consideran que es urgente implementar las siguientes medidas: establecer acceso automático a las pensiones asistenciales a todas las personas con incapacidad grave o moderada. Se entenderá por discapacitados, tanto personas afectadas por situaciones mentales, invalidez, alcoholismo y drogadicción, debiéndose tomar en cuenta principalmente su grado de invalidez y los gastos cuya mantención se requiere; aumento del monto de la pensión a $ 87.854, es decir, que sea equivalente a la Pensión Mímima para menores de 70 años. Esta pensión deberá ser concedida a todos aquellos que lo soliciten y cuyas familias o cuidadores reciban un ingreso de hasta 1 sueldo y medio mínimo por grupo familiar. ($ 202.250 ).
En caso de recibir un ingreso familiar mayor, se les entregará una pensión complementaria que permita cubrir los gastos básicos en que deben incurrir este tipo de discapacitados. Establecimiento de una Pensión provisoria para todos aquellos discapacitados que, encontrándose en capacidad de trabajar, estén cesantes. Para que esta situación no se transforme en permanente, será labor de las distintas instituciones del Estado promover cupos laborales especiales para los discapacitados. (discriminación positiva)
Por su parte, el senador Ruiz- Esquide dijo que “aquí hay 3 aspectos de carácter general: encarnar en realidad este concepto que hemos levantado durante muchos años que es la concepción de solidaridad que no es solo ayudar a una persona con una moneda más, esa es caridad, sino ser capaz de dar cuando uno tiene más. El segundo elemento es que una democracia nunca puede caminar bien si hay una parte importante de ella que no está al mismo nivel de oportunidades o de fuerza de trabajo o de fuerza educacional o participación. Y tercero, hemos manifestado siempre que el gobierno de la Concertación es un gobierno que concilia dos grandes conceptos: crecimiento económico sobre la base de un planteamiento desde el Estado y desde la empresa privada y el segundo pilar es la protección social que no está hasta la fecha expresada nítidamente en las propuestas que se han hecho.
Puntualizó que “junto al senador Naranjo estamos por presentar este proyecto y más aun pedir al gobierno que se incluya en los nuevos planes que son de protección social o las fórmulas sociales que estamos buscando para dar equidad a todo el país. La diferencia entre igualdad y equidad es que la igualdad es para todos lo mismo, la equidad es dar mas a quien más lo necesita. Es por eso que esperamos el respaldo del gobierno a esta iniciativa”.
CIFRAS
El senador Ruiz- Esquide sostuvo que “las deficiencias de la discapacidad son básicamente la física (31 %), la psíquica (8%), la auditiva (9%), la intelectual (10%), un 10 % con múltiples discapacidades, y la visual.
Hay discapacidad leve (1.150.000 personas en Chile), discapacidad moderada, la que estamos tratando de corregir (514 mil personas) y la severa (400 mil personas).
Naranjo precisó que de acuerdo al Primer Estudio Nacional de la Discapacidad realizado por FONADIS el año 2004, la población discapacitada representa el 12,9 por ciento, esto es más de dos millones de personas. Más de 900 mil personas presentan una disminución importante o derechamente la imposibilidad de realizar la mayoría de sus actividades de la vida diaria, incluso requiriendo del apoyo o cuidado de una tercera persona.
Este estudio, indica además, que la discapacidad es cuatro veces más frecuente en adultos que en niños; catorce veces más habitual en adultos mayores; dándose con mayor fuerza en los sectores rurales. Ante esta realidad, nuestro país debe, con urgencia, implementar programas de plena integración social, familiar, escolar y laboral que hasta la fecha existen de manera escasa.

Del mismo modo establece que el 81% de los encuestados declara que, de alguna manera, la discapacidad de uno de sus integrantes ha afectado económicamente a la familia: un 50% afirma que le ha afectado mucho, y un 6% señala que le ha afectado en extremo.