En el informe entregado por Reporteros Sin Fronteras, respecto de la libertad de expresión en Chile, se publicó el siguiente artículo:
Hubo varias agresiones, en ocasiones violentas, de las fuerzas del orden a periodistas, en el transcurso de las manifestaciones que marcaron el comienzo de la presidencia de Michelle Bachelet, quien tuvo que intervenir personalmente condenándolas.
La última en el tiempo es la que, en mayo de 2008, le costó la vista de un ojo a Víctor Salas, fotógrafo de la agencia española EFE, a consecuencia de la carga de un carabinero a caballo en Valparaíso. El espíritu de cuerpo de los militares provoco un retraso de dos meses en la elucidación del caso.
Evidentemente no se trata de un episodio sin importancia en un país donde, tras la muerte del general Pinochet en 2006, todavía permanece el recuerdo de la dictadura militar (1973-1990). Las exacciones cometidas en aquella época siguen siendo un tema sensible para la prensa. Otro es la situación de los indígenas Mapuches, en el sur del país.
En 2008, y con dos meses de intervalo, dos documentalistas franceses y dos cineastas italianos que trabajaban sobre el tema fueron encarcelados, por un breve período de tiempo, con la falaz excusa de “actividades terroristas”, y después les expulsaron del país.
El interés por la cuestión Mapuche de la documentalista chilena Elena Varela parece haber jugado en contra suya en el procedimiento judicial que tiene abierto por un caso de derecho común. Menos expuesta a problemas de seguridad que en otros países de la zona, la prensa chilena se caracteriza también por una excesiva concentración de medios, en manos de los dos principales grupos de comunicación, Copesa y El Mercurio.
Todos los años el Estado inyecta, en uno y otro, el equivalente a 5 millones de dólares en anuncios oficiales, lo que va en detrimento de los medios independientes. Las emisoras comunitarias disponen de poco margen en un espacio radiofónico que en más del 60% es propiedad del grupo español Prisa.
En enero de 2006, una proposición de ley elaborada por la Asociación Nacional de Radios Comunitarias y Ciudadanas de Chile (Anarcich) se entregó al antiguo presidente Ricardo Lagos, quien se comprometió a enviarla al Congreso. Michelle Bachelet cumplió la promesa en 2007, pero el texto sigue en espera de ser examinado y votado.
Fuente: http://www.rsf.org