El pasado 14 de febrero la fiscalía formalizó cargos por el delito de falsificación de instrumento público en contra del doctor Mario Peña y Lillo luego de que una nueva autopsia al cuerpo de Marcia Campos encontrada sin vida el 06 de febrero del 2004, arrojara que lo que el profesional señala en el documento se aleja de la realidad al dar cuenta de procedimientos que nunca se efectuaron.
 
Este viernes el tribunal de Linares dando validez a todos los argumentos de la fiscalía, decidió no acoger la petición de la defensa que argumentaba que el delito de falsificación de instrumento público se encontraba prescrito ya que se había cumplido el plazo que establece la ley de 10 años de prescripción, porque la fiscalía formalizó cargos ocho días después de la fecha en que apareció el cuerpo de Marcia. Esta situación fue rebatida en audiencia por el fiscal Nelson Riquelme quien señaló que en aquella época el documento final del resultado de la autopsia de la joven recién fue suscrito y emitido al ente persecutor el 16 de febrero, razón por la cual no esta prescrito.
 
Junto a lo anterior el abogado Ignacio Uribe también solicitó al tribunal acoger la petición en torno a que la acción del doctor Peña y Lillo no es constitutiva de delito ya que el documento donde se plasma el informe de autopsia no es un instrumento público, materia que también fue rechazada por el tribunal.
 
“Resulta importante determinar y establecer si el protocolo de autopsia es un instrumento público o no. Nosotros estimamos que si lo es porque es emitido por un organismo público y un funcionario competente de un servicio público y cuenta con una serie de requisitos y que en definitiva es utilizado por los tribunales para tomar una serie de decisiones. Esa tesis fue acogida por el tribunal y acogió los planteamientos del Ministerio Público y estimó que se reunían los requisitos para estar en presencia de un instrumento público y por lo tanto no existiría prescripción y hasta este momento de la investigación se está en presencia de un hecho delictual”, afirmó el fiscal Nelson Riquelme quien tiene en su manos también la investigación donde Peña y Lillo fue formalizado por este mismo ilícito en la causa relaciona con la muerte de Hernán Canales quien fue atropellado en septiembre pasado por Martín Larraín Hurtado en la costa sur de la Región del Maule.
 
En torno a esta investigación no se ha fijado una plazo de cierre razón por la cual opera lo que señala la ley imponiendo al Ministerio Público y tiempo máximo de dos años para finalizar la investigación, permitiendo con ello realizar una serie de peritajes y la toma de declaraciones de personas que tuvieron conocimiento de los hechos.
 
El fiscal Riquelme agregó además que una vez que se tengan todos los antecedentes y peritajes practicas se tomará una decisión en torno a la causa pudiendo incluso agruparse esta con la que está relacionada con la autopsia de Hernán Canales decisión que se tomará en su momento.