"Tengo muchas dudas, porque en realidad, en este caso yo tuve un comportamiento apegado a la ley y que fue corroborado por la Contraloría". Éstas fueron las palabras de Hugo Veloso, ex intendente del Maule, a Diario El Centro, tras enterarse que el fiscal jefe de Talca, Héctor de la Fuente, resolvió su formalización por el delito de “prevaricación administrativa”.

El caso se remonta al 10 de marzo de 2014, último día de gobierno del Presidente Sebastián Piñera. El ex intendente Rodrigo Galilea realizó el nombramiento de Gabriel Pinedo como jefe del Departamento de Evaluación y Gestión de Subvenciones del Gobierno Regional.

Posteriormente, Hugo Veloso como nuevo jefe regional retiró el trámite de "toma de razón" de Contraloría, dándose cuenta que el nombramiento no iba con el certificado de título, incurriendo en un vicio de ilegalidad. Así, Contraloría acogió un nuevo nombramiento en el cargo, esta vez de un profesional de planta con 25 años en el Gobierno Regional.

No obstante lo anterior, Carlos Catalán -abogado de Pinedo- detalló a El Centro que "ese documento ya estaba en Contraloría".

En su oportunidad, la Corte de Apelaciones de Talca declaró el recurso de protección de Gabriel Pinedo como extemporáneo, sin embargo, la Corte Suprema exigió un pronunciamiento sobre el fondo del asunto. Ahora, el Juzgado de Garantía de Talca programó una audiencia para el 9 de agosto.

Así es la ley

“Prevaricación administrativa”, según el artículo 228 del Código Penal, es el delito en que “el que, desempeñando un empleo público no perteneciente al orden judicial, dictare a sabiendas providencia o resolución manifiestamente injusta en  negocio contencioso-administrativo o meramente administrativo”. 

Las penas para este delito fluctúan en suspensión del empleo en grado medio + multas entre las 11 y 15 UTM, aunque aduciendo "negligencia" o "ignorancia inexcusable" se rebaja a suspensión del empleo en grado mínimo + multa entre las 6 y 10 UTM.

Considerando lo anterior, Hugo Veloso explica al matutino de la región que no hubo dolo, sino que defensa del principio de legalidad en un procedimiento viciado. Ahora sólo queda que la investigación determine finalmente lo sucedido en este caso.