El primer acto tuvo como protagonistas a líderes partidistas de la oposición y del oficialismo. Al unísono varios de ellos comenzaron a disparar contra los fiscales que investigan los casos Penta, Soquimich y Caval. Javier Macaya, siendo presidente interino de la UDI, aseguró en una entrevista a El Mercurio que “el trabajo del Ministerio Público tiene a Chile haciendo metástasis política”. Jorge Pizarro, recién electo timonel de la DC, no se quedó atrás y dijo —en un déjà vu que recordaba la defensa cerrada que realizaron el ex jefe de la UDI Ernesto Silva y el coronel supremo Jovino Novoa de los políticos de su partido involucrados en financiamientos irregulares con el grupo Penta— que Soquimich “es un caso que parece más político-comunicacional y que afecta a la gente con filtraciones”. Resulta que dos de sus hijos tenían una consultora que prestaba servicios a la empresa de Julio Ponce Lerou.

El segundo acto fue protagonizado por la propia Presidenta Michelle Bachelet. En una conversación con corresponsales extranjeros contestó varias, aunque no todas, de las preguntas que muchos ciudadanos se están haciendo. En este trance de hablarle al país a través de terceros, un suerte de ejercicio ventrílocuo en palabras del columnista y rector de la Universidad Diego Portales Carlos Peña, la mandataria apuntó sus dardos contra el segundo grupo que el establishment político ha identificado como dañino en las circunstancias actuales: la prensa. La presidenta solicitó no caer en una “caza de brujas”, idea que su ministro del Interior ya había instalado unas semanas antes, y remató: “Que quede claro que yo no estoy pidiendo en ningún momento terminar con la libertad de expresión, nada de eso. Pero por favor, responsabilidad”.

Y el tercer acto, que se suponía iba a coronar esta ofensiva mediática, ocurrió el jueves pasado, cuando los jefes de siete partidos políticos —desde la UDI al Partido Comunista— firmaron un documento conjunto sobre probidad y transparencia. Era el gran acuerdo político que algunos habían anticipado en días anteriores. Sin embargo, sin un evento oficial y sin foto de la firma, la movida mostró cuán debilitados están los partidos. De hecho, aunque los medios de comunicación tradicionales trataron de darle aire a ese documento, lo cierto es que dos días después ya nadie hablaba de este. Fue el tercer paso en falso. Claramente, los líderes de partidos y muchos parlamentarios están leyendo muy mal los tiempos actuales.

Los ánimos en el gobierno están tan decaídos que un importante funcionario del Ministerio del Interior se quejó, también en privado y agotado tras muchas semanas ininterrumpidas de crisis políticas y catástrofes naturales, que “sólo nos falta que un meteorito caiga sobre Chile”.

La débil conducción política de Bachelet recuerda a la crisis que enfrentó la presidenta en su primer mandato hace ya casi una década. Ante la debacle del Transantiago, Bachelet optó en ese momento por llamar de vuelta a varios viejos estandartes de la política concertacionista. Aunque todavía no realiza el inevitable cambio de su gabinete político, los “héroes” de la transición de los años 90 ya están moviendo sus fichas.

El senador Hernán Larraín, en su cargo desde 1993 y antiguo colaborador de El Mercurio en los años 80 junto a Jovino Novoa bajo el mando de Agustín Edwards, fue coronado hace unos días como el nuevo presidente de la UDI. Jorge Pizarro, el flamante mandamás en la Democracia Cristiana, fue electo diputado en 1989 y es senador desde las elecciones de 1997. Además, detrás de él hay figuras emblemáticas de ese partido como Gutenberg Martínez. Y todo indica que Camilo Escalona, otro pro-hombre de la transición de los años 90, será el nuevo presidente del Partido Socialista.

En el campo presidencial, que ahora está más abierto después de que Soquimich también salpicara a Marco Enríquez Ominami, también vemos cómo dos “héroes antiguos” tratan de volver al ruedo: los ex presidentes Ricardo Lagos y Sebastián Piñera. Ellos representan lo que el diario electrónico El Mostrador ha identificado como el “partido del orden” y que los círculos más conservadores y poderosos del país, desde El Mercurio a la Sofofa, están tratando de apuntalar para que las cosas vuelvan a ser como antes.

Pese a los buenos recuerdos que los partidarios del orden tienen de ambos personajes, existe un problema: ambos representan los mismos —e incluso peores— males que actualmente el país le achaca a la clase dirigente.

Piñera es de la misma generación y la misma estirpe de los chicos Penta. Son los ganadores de los años 80, ejecutivos e inversionistas que se hicieron inmensamente ricos en la opacidad de las reformas que impulsó la dictadura en esos años. De hecho, el “Choclo” Délano es uno de los mejores amigos de Sebastián Piñera. Basta con releer la biografía del ex presidente titulada “Historia de un Ascenso”, de Loreto Daza y Bernardita del Solar, ambas de tendencia de centro-derecha y ex periodistas de la revista Qué Pasa, para cerciorarse de ello.

Y Lagos, el presidente más temido y después más amado por el empresariado, también tuvo fallas que, desde la perspectiva actual, son impresentables. Instaló en su gobierno a numerosos familiares suyos y si unos revisitara las formas en que financió sus campañas, seguramente se encontraría con sorpresas. Sólo que en esa época existía un manto de silencio, facilitado entre otras cosas por el hecho de que Chile contaba con una prensa menos plural y más servil al poder. Como dijo una connotada periodista de investigación chilena en un reciente almuerzo privado: “Que existan casos prescritos por la justicia no significa que los periodistas no podamos investigarlos, porque para nosotros no existe la prescripción”.

Así las cosas, resulta curioso que el salvavidas político para Bachelet podría provenir de la misma comisión de expertos que fue tan vilipendiada al constituirse: la comisión Engel.

El hecho que en la declaración conjunta que hicieron los siete partidos el jueves pasado se mencionara su respaldo a esta Comisión, fue una clara muestra de cómo los vientos han cambiado a favor de ésta.

Para lograrlo, sin embargo, la Comisión deberá exponer propuestas radicales. Eduardo Engel, el economista que encabeza este Consejo, también es presidente de la Fundación Espacio Público que hace unos meses, antes del estallido delos escándalos, presentó una propuesta que consistía en transparentar las donaciones, fortalecer el Servel y otorgar financiamiento públicos a los partidos políticos.

En esa comisión de 15 miembros también participan cuatro personas que pertenecen a la derecha. Uno de ellos es el investigador del CEP Lucas Sierra, que en un reciente trabajo titulado “La práctica del financiamiento privado en las elecciones parlamentarias” argumentó a favor del financiamiento privado en la política. Obviamente que sí considerando que la derecha se ha visto favorecida, gracias a su poderío económico, en su influencia a la política local. De hecho, el CEP cuenta con más financiamiento regular que cualquier partido político del país.

No obstante, las propuestas de Espacio Público y del CEP, que probablemente formen una base inicial común para la comisión, coinciden en agregar una componente público al financiamiento de los partidos políticos a cambio de cambios sustanciales en su funcionamiento (transparencia y democracia interna, lo cual restará mucho poder a los caciques partidistas que, por cierto, suelen ser los parlamentarios). Y, teniendo en cuenta la coyuntura que dio origen a este consejo, en temas como el tráfico de influencias el consejo podría incluso proponer regulaciones respecto a planes reguladores y uso de suelos, en una clara referencia al caso Caval.

Sin embargo, queda pendiente el tema constitucional que no ha sido parte de esa Comisión. La Presidenta Bachelet deslizó en su conversación con los corresponsales extranjeros que se trata de un tema pendiente. Así las cosas, la Mandataria tiene ahora dos oportunidades para retomar el control de la agenda política. El 24 de abril, cuando la comisión Engel le entregue sus recomendaciones, podrá proponer una nueva relación entre la política y el dinero, una que tal vez logre eliminar, o al menos reducir, la palanca económica que hoy tienen las grandes empresas sobre el funcionamiento de nuestra democracia. Y un mes después, para el discurso del 21 de mayo tendrá su segunda chance: hacer un llamado para que Chile tenga una nueva Constitución.

*Víctor Herrero (Twitter: @VictorHerreroA) es un periodista que ejerce de forma independiente. Actualmente es colaborador estable de la Radio Universidad de Chile y miembro del consejo editorial de Ediciones Radio Universidad de Chile. Es autor del libro “Agustín Edwards Eastman: una biografía desclasificada del dueño de El Mercurio”.