Por Ricardo Bustamante

“Con esta Constitución hemos vivido veintitantos años de paz”, sentenció en una entrevista hace unos días el ex ministro y ex integrante del Tribunal Constitucional, José Antonio Viera-Gallo. De forma igual de precisa no hay que ser muy perspicaz para deducir la postura del personero concertacionista respecto al debate sobre la necesidad de convocar a una Asamblea Constituyente en Chile. La misma premisa contraria que profesan muchos miembros del bloque opositor, como, por cierto, de la alianza gobernante.

Mientras que para muchos otros, la pertinencia democrática de iniciar un proceso constituyente es el camino a seguir. Y más allá de la discusión de que si efectivamente estamos ante una crisis constitucional o una de representación que amerite un llamado a plebiscito para ello, el diagnóstico para el abogado y encargado de reformas constitucionales del comando de Michelle Bachelet, Fernando Atria, es muy claro.

La Constitución -en resumidas cuentas- define la identidad y forma de existencia de una nación, y la de 1980 es sencillamente antidemocrática, pues “es una Constitución que se protege del pueblo”, ya que, entre otras cosas, sobre representa a las minorías,  excluyendo a las mayorías, y reproduce una desigual distribución de poder.

No se trata de solo consultar a la ciudadanía si quiere convocar a una Asamblea Constituyente porque sí, pues se necesitan ciudadanos y movimientos sociales empoderados y capaces de entender el proceso, se requieren propuestas claras y una estrategia de articulación de diferentes actores sociales para conformarla. Así lo expone Claudio Fuentes, director del Instituto de Investigación en Ciencias Sociales (ICSO) de la Universidad Diego Portales, quien también forma parte del movimiento “Marca Tu Voto”, que impulsa una campaña para que la ciudadanía escriba en su voto las iniciales “AC” manifestando su interés por establecer una nueva Constitución a través de un mecanismo plural, incluyente y participativo como es una Asamblea Constituyente.

Y como no tenemos referencias nacionales de cómo se realizan procesos constituyentes de forma democrática, bien viene mostrar luces de cómo los colombianos reformaron su Constitución en 1991 tras un acuerdo transversal e histórico.

El presidente colombiano Virgilio Barco propuso en 1988 iniciar un proceso para reformar totalmente la Constitución de 1886, la cual durante su siglo de vida había sufrido sucesivas reformas parciales, como la nuestra. Según el mandatario, se requería de una reforma más profunda para sentar las bases de un nuevo acuerdo político en el país. La respuesta por parte de la oposición fue totalmente constructiva (no es así en Chile) llevando al ex presidente Misael Pastrana, líder del Partido Conservador, a firmar un acuerdo con Barco para emprender el camino de la reforma constitucional. Se inició a la vez un movimiento estudiantil universitario, llamado "Todavía podemos salvar a Colombia" creador de la propuesta llamada la Séptima Papeleta, el cual consiguió que se contara extraoficialmente un voto extra en las elecciones parlamentarias de marzo de 1990, solicitando una consulta popular para la convocatoria a una Asamblea Constituyente.

La Corte Suprema avaló el resultado de más de 2 millones de votos, argumentando la incapacidad para limitar el poder del constituyente primario; de esta forma, junto a las elecciones presidenciales de mayo de 1990, se consultó sobre la aprobación de convocatoria a una Asamblea Constituyente, resultando aprobada por más del 86% de los electores.

Como consecuencia, se convocó a elecciones para diciembre de 1990, para elegir los 70 delegatarios a la Asamblea. Es más, como una forma de sellar el proceso de paz que el gobierno adelantaba con diversos grupos armados ilegales, se aprobó la inclusión de 4 constituyentes con voz pero sin voto en representación suya (2 del Ejército Popular de Liberación, 1 por el Partido Revolucionario de los Trabajadores, y otro por el Movimiento Armado Quintín Lame). Aunque lo ideal sea incorporar a voceros de nuestros pueblos originarios como de movimientos  históricamente discriminados.

¿Cuán lejos estamos de iniciar un proceso constituyente por vez primera guiado por la ciudadanía? ¿Serán suficientes las voluntades políticas como cívicas comprometidas? ¿O la clase política actual por mera comodidad al poder rechazará el democratizar y legitimar nuestra carta fundamental? ¿Cuánto hay que esperar? ¿Es el mejor mecanismo?

Para Atria y muchos otros movimientos sociales como ciudadanos no hay muchas más alternativas. “Yo no creo que la Asamblea Constituyente sea la única manera con la cual pueda solucionarse este problema, pero es la más perfecta para darse una Constitución que sea más legitimada”. Para mí y muchos más, también.