La Sip de Carabineros concretó diversas diligencias con el fin de establecer responsabilidades y la participación de quienes estaban detrás de esta pequeña de red que se dedicaba a entregar, previo pago de dinero que va desde $75.000 a 250.000 pesos, licencias de conducir sin haber realizado ningún trámite, saltándose  todos los requisitos destinados para ello.
 
De esta forma, tras varias semanas de investigación que estuvo a cargo del fiscal Francisco Ávila, se pudo determinar que María Leonor Vega Moraga que ejercía la función de jefa de gabinete del alcalde de Cauquenes, lideraba este montaje creado para falsificar y cobrar por las licencias falsas. Todo lo anterior con la colaboración de una funcionaria de otro departamento municipal, la que también fue acusada por el ente persecutor y a quien el tribunal absolvió.

“Operaban mediante la consecución de contactos en diferentes partes de la región, e incluso hasta la Octava Región,  en que se contactaban directamente con ella o con otra funcionaria de la Omil y ellas hacían el trámite. Las personas no daban la prueba y no cumplían con los requisitos para la prueba e incluso ni siquiera daban los exámenes prácticos. Tanto así que hasta las licencias eran enviadas a su domicilio, lo que es absolutamente irregular. Todo ello motivó la denuncia de un funcionarios de la dirección de Tránsito y provocó la investigación de la Sip de Carabineros en conjunto con la fiscalía determinándose que efectivamente la jefa de gabinete y la funcionaria de la Omil eran quienes efectuaban el trámite”, afirmó el fiscal Ávila quien presentó todos los antecedentes ante el Tribunal oral en lo Penal de la ciudad logrando una sentencia en contra de María Vega.

De esta la mujer forma el tribunal, acogiendo la tesis de la fiscalía, condenó a la acusada a las penas 541 días de presidio menor en su grado medio, la suspensión de cargo u oficio público durante el tiempo de la condena, como autora del delito de falsificación de instrumento público. Además, la sentencia da cuenta de otra condena por 61 días de presidio menor en su grado mínimo como autora del delito de cohecho y la imposibilidad también de ejercer cargo u oficio público por el plazo de 3 años y un día. . A todo lo anterior se suma  una multa de 150 mil pesos.

Por su irreprochable conducta anterior pudo optar al beneficio de la remisión condicional de la pena por el periodo de 600 días, tiempo durante el cual deberá presentarse ante personal de Gendarmería para controlar dicho beneficio.