Institucionalidad pesquera: si no se modifica, el colapso continuará
La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas de Procesadoras de Productos del Mar, asegura que para el establecimiento de tal Instituto, deberían considerarse una serie de principios
ANAPESCA A.G, afirmó la semana pasada que los responsables de la sobreexplotación y colapso de los recursos son quienes toman las decisiones, es decir, la subsecretaría de Pesca y el Consejo Nacional de Pesca (CNP). Este último, además, esta integrado en un 60% por personas que representan intereses de los propios usuarios. Es decir, todo se aprueba siempre y cuando beneficie a quienes pescan en el corto plazo, lo que lamentablemente ha ido en contra de la sustentabilidad de los recursos.
Es así como Anapesca, luego de estudiar el nuevo proyecto de Ley de Pesca (Boletín 8.091) presentado al Congreso por el Gobierno, propone la creación de un Instituto Pesquero de Chile, entidad autónoma (de acuerdo al concepto de autonomía del Banco Central de Chile) que establezca, con independencia de intereses políticos y particulares, los niveles de explotación sustentable de los recursos, los cuales no puedan ser sobrepasados por las cuotas globales, así como los planes de manejo, que deben ser obligatorios.
Santiago Gacitúa, Gerente de Anapesca es enfático al afirmar “Esta es la única vía para realmente tener cuotas de pesca que apunten a la sustentabilidad de los recursos. Con el Panel de Expertos (PE) que propone el proyecto de ley -como una suerte de reemplazo al CNP- todo sigue bajo la tutela de la Subsecretaría de pesca, sin atacar la principal causa de la sobreexplotación de los recursos”. Con esta propuesta, Anapesca quiere evitar que el Instituto reproduzca la estructura de intereses que se presenta en el Consejo Nacional de Pesca o que se canalizan por la vía de la permeabilidad a intereses políticos y particulares de la Subsecretaría de Pesca.
Respecto del financiamiento, Anapesca propone la autonomía del instituto, el que no puede depender financieramente de la Subsecretaría de Pesca o de otros organismos públicos, debido a que ello implicaría someterlo a objetivos políticos que pueden sobrepasar su responsabilidad. Su financiamiento debe provenir del presupuesto de la Nación.
LA PROPUESTA DE ANAPESCA
La Asociación de Armadores de Buques Pesqueros y Empresas de Procesadoras de Productos del Mar, asegura que para el establecimiento de tal Instituto, deberían considerarse al menos los siguientes principios en su creación:
· Responsabilidad administrativa: Los directivos y funcionarios del Instituto Pesquero de Chile deben estar sometidos a responsabilidad funcionaria, en los términos establecidos en el estatuto Administrativo.
· Responsabilidad por diseñar y ejecutar el plan de investigación científica necesaria para generar la información que se aplicará en la toma de decisiones: para ello debe ser provisto de fondos por el presupuesto de la Nación y podrá licitar la investigación con la comunidad científica nacional.
· Transparencia: La información administrada por el Instituto Pesquero de Chile debe ser de público conocimiento, en los términos establecidos en la Ley de Probidad administrativa. Los antecedentes de la investigación pesquera, inclusive su base de datos, serán siempre de público conocimiento.
