Opinión: "Agenda antidelincuencia "

Opinión: "Agenda antidelincuencia "

28 Agosto 2015

Es más necesario que nunca aprobar la agenda corta antidelincuencia. Por sobre cualquier otra consideración, lo que hace este proyecto de ley es abordar dos situaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que son imprescindibles para otorgar mayor seguridad a nuestro país.

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No han sido semanas tranquilas en lo que se refiere a seguridad pública. Algunos hechos, ocurridos en distintas partes de nuestro país, han puesto de manifiesto nuestras falencias en esta materia. Sin embargo, más que buscar excusas o entrar en discusiones bizantinas para señalar culpables, lo que corresponde es trabajar, de manera ardua, responsable y con medidas concretas.

En este contexto, es más necesario que nunca aprobar la agenda corta antidelincuencia. Por sobre cualquier otra consideración, lo que hace este proyecto de ley es abordar dos situaciones largamente demandadas por la ciudadanía y que son imprescindibles para otorgar mayor seguridad a nuestro país.

La primera de ellas tiene que ver con entregar nuevas herramientas a las policías que les permitan ampliar y fortalecer sus atribuciones preventivas, entre ellas, el control preventivo de identidad. Esta atribución bajo ningún concepto supone que se esté reviviendo la desaparecida detención por sospecha. Todo lo contrario. Mientras esta última permitía la detención arbitraria de un ciudadano, el control preventivo de identidad tiene ante todo un efecto disuasivo y se restringe a contextos muy definidos, donde esté en serio peligro la integridad e incluso la vida de las personas.

Sabemos muy bien lo delicado de estos procedimientos. Por lo mismo, las policías deberán crear un sistema de reclamos para los ciudadanos que estimen vulnerados sus derechos e informar al Ministerio del Interior de todos los controles realizados, y de sus resultados en la reducción de los delitos.

El segundo tema que aborda la agenda corta tiene que ver con la importante dicotomía que existe actualmente entre las penas fijadas por el legislador y las penas que los jueces terminan aplicando. Esta situación muchas veces provoca que las sanciones para ciertos delitos sean más bajas de lo esperado y, en consecuencia, un fuerte sentimiento de impunidad entre las víctimas y el resto de la población.

Lo que hace agenda corta es modificar la forma en que se determinan las penas para quienes cometen delitos de alta connotación social, a fin de que los jueces, independiente de las atenuantes o agravantes, apliquen efectivamente la pena establecida por la ley.

Por ejemplo, una persona que cometa un robo con violencia, sin importar los atenuantes que posea, tendrá como mínimo una sanción de 5 años, que es lo que contempla el código penal para este ilícito. Bajo la legislación actual, muchas veces ésta puede caer hasta 3 años, pudiendo incluso cumplir la pena en libertad.

Para el caso de los reincidentes la sanción será aún más drástica y se aumentarán las penas que señala la ley. Así, una persona que cometa el delito de robo con violencia por segunda vez, en lugar de 5 años, será sancionado con una pena de al menos 10 años, que deberá cumplir efectivamente privado de libertad.

No pretendemos caer en el error de plantear que aumentar las penas disminuirá automáticamente los delitos. Estamos conscientes de que la delincuencia es un fenómeno mucho más complejo. Pero para dar más seguridad a los chilenos, es clave que aquellos delitos donde no sólo se afecta la propiedad, sino también la integridad de las personas, sean sancionados con firmeza y que estas penas se cumplan.  

Antonio Frey

Subsecretario de Prevención del Delito