Termoeléctricas en Chile: cuando el cumplimiento de la normativa no basta
Por Antonio Rubio, Director de Proyectos de Fundación Casa de la Paz.
Casi como en ebullición, este último mes hemos visto como varios proyectos termoeléctricos que se encuentran en etapa de evaluación ambiental, construcción y/o marcha blanca han aparecido en los medios de comunicación generando una serie de movilizaciones ciudadanas, interposición de recursos judiciales, comentarios de expertos en diferentes medios y el involucramiento de autoridades gubernamentales y jurídicas emitiendo sus opiniones.
El tenor de cada una de esas intervenciones se mueve entre quienes son acérrimos detractores o a la inversa, totales defensores (los menos cada vez), pero también entre quienes justifican su existencia en pos del desarrollo económico futuro del país.
Ello hoy ocurre en las centrales Castilla, Punta Alcalde, Bocamina II y Santa María de Coronel. Aparecen también conceptos que se han teñido de una carga negativa sin tener por qué serlo. Por ejemplo, el de la “judicialización de los proyectos medioambientales” en circunstancias que ello revela, en la mayoría de los casos, el cumplimiento del estado de derecho cuando la ciudadanía siente que las autoridades en el Estado no velan por el aseguramiento de sus derechos constitucionales.
Llegar a ese extremo, sin duda, genera una sensación de impotencia y malestar, puesto que la ciudadanía aprecia que las “instituciones” no funcionan como debieran, o derechamente funcionan a medias y quienes resultan perjudicados son, en casi todos los casos los mismos grupos: pescadores artesanales, buzos, algueros, pequeños y medianos agricultores y vecinos residenciales que se ven impactados los clásicos impactos de la termoelectricidad, disminución del recurso marino, aumento de material particulado en suspensión y temor a lluvia ácida.
Lo que parece ahondar más la molestia ciudadana son las respuestas que muchas empresas elaboran al momento de hacer sus descargos en los medios. “Cumplimos con la normativa legal vigente” o “contamos con las autorizaciones emanadas de los organismos competentes”.
La verdad es que eso no contribuye en nada a disminuir los niveles de suspicacia que la ciudadanía percibe hacia el mundo empresarial. De hecho recientemente un estudio realizado por la UNAB e IPSOS afirma que el 55% de los chilenos estaría dispuesto a movilizarse frente a conflictos socioambientales y que está cansado de excusas de ese tipo.
Ello corrobora con hechos, que en casos como Central Castilla, y los recursos de protección interpuestos por comunidades, fallados favorablemente en instancias previas, y Punta Alcalde que fue rechazada en la etapa de evaluación ambiental, son proyectos que no cuentan ni siquiera con Licencia Legal y menos aún con Licencia Social para desarrollarse.
Debido a esto, y a otras muchas situaciones de injusticia (territorial, económica y jurídica), apreciamos estos últimos días a pescadores encadenándose a ductos por donde las centrales devuelven el agua que utilizan sus procesos o vecinos que se entierran en depósitos finales de cenizas de carbón empleado como combustible. No les queda otra salida que el detonar crisis, pues no han contado con canales de diálogo para poder construir soluciones consensuadas que satisfagan en parte los intereses de cada una de los involucrados.
La gran tarea pendiente de la industria energética es poder generar dichos espacios en etapas previas al desarrollo de proyectos, donde a través de procesos serios, transparentes, informados y por sobre todo de buena fe, sea posible discutir los impactos positivos y por sobre todo, los negativos de este tipo de generadoras y a su vez, que las empresas en instancias previas a todo esto evalúen seriamente los criterios de elegibilidad de los territorios donde se instalarán, o donde pretendan hacerlo, incorporando variables que no sean las estrictamente económicas. Usted ya sabe de qué hablo.
