El contexto político del año 2020 constituye uno bastante especial. Si bien nuestro país aún no logra sortear los efectos de la mayor crisis sanitaria en su historia, el calendario electoral plantea que el próximo mes de octubre se desarrollará un plebiscito nacional, consistente en 2 votaciones, en el que se preguntará a los electores sobre la posibilidad de redactar una nueva constitución política, permitiéndose optar entre 2 alternativas previamente definidas.

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De este modo, la institucionalidad política de nuestro país se abre derechamente a la posibilidad de discutir, o rediscutir, el contenido que debe dar forma a nuestra convivencia política como habitantes del país y sus principales instituciones.

En ese contexto, resulta fundamental que quienes están llamados a participar se encuentren informados y cuenten con las herramientas necesarias para poder cuestionarse y dar pasos a la construcción de respuestas propias -individuales y colectivas- a las necesidades actuales y del día a día.

Esta necesidad de preparación y participación directa que deben tener los distintos actores sociales, tiene al menos 2 fundamentos: por un lado, ante la importancia de las decisiones a tomar en el actual contexto de crisis de representación política que existe en nuestro país y a nivel global; y el hecho de que la futura institucionalidad pública, para ser mejor que la actual, va a requerir de estándares de transparencia -sobre todo en la toma de decisiones- que sólo serán posibles con una acción participativa de los actores que pueda estar empoderada políticamente.

Respecto de éste último punto, referido a la transparencia, es necesario señalar la relación existente entre los principales actos que desprestigian a las instituciones públicas y la existencia “espacios secretos” o arbitrarios de toma de decisiones, lo que es reversible con fiscalización y participación. De este modo, no es coincidencia que se haya señalado que quien considera que el secreto es connatural al ejercicio del poder siempre ha sido partidario de los gobiernos autoritarios[1].

Dentro de esta visión autoritaria o autocrática del ejercicio del poder público, el elemento de la toma de decisiones según motivaciones secretas resulta ser la “esencia del arte de gobernar”, donde resulta fundamental un concepto denominado “razón de Estado”, consistente en “las formas, las circunstancias y las razones del ocultamiento”[2].

En este sentido, el problema de la discusión sobre la institucionalidad a construir, parte por el hecho de que la institucionalidad actual -centrada en el Estado moderno- fue creada en una época histórica determinada, con fines muy distintos a los deseables a los actuales y que se relacionan en gran medida con el entendimiento del poder público en similitud al del dios cristiano (onmividente e invisible) y por tanto con el concepto de secreto (“poder ser ver y no ser visto”).

Esta relación con el panóptico -donde una persona puede ver a muchas sin ser vista- de Jeremy Bentham no es coincidencia, como tampoco la respuesta o solución que da aquel filósofo al problema de ¿quién cuida al cuidador?, la que consiste en que: “el edificio deberá ser sometido a inspección continúa no sólo por personal especializado, sino también por el público”, aventurándonos a proponer que el público debe además administrar el edificio, a la vez que observar.

De este modo, es necesario hacer un llamado de atención general a que, tanto el carácter democrático de un proceso de construcción de una constitución política y el de una sociedad en general, dependen en gran parte de la comprensión y participación directa que realicen los distintos actores sociales, no restringiéndose al acto electoral y a la inspección directa, sino al ejercicio directo del poder.

En este contexto, la educación y auto educación para una participación individual y colectiva en igualdad de condiciones, resulta ser una de las herramientas fundamentales que permiten no sólo ventilar y abrir los espacios institucionales públicos, sino que dotarlos de realidad, utilidad y vida.

Conocida la situación de nuestro país en la materia, en cuanto la educación cívica fue relegada por décadas de los currículos obligatorios y en que la democracia se ha reducido al acto electoral, la necesidad de general planes masivos de educación de participación ciudadana y electoral debería ser un elemento central en la agenda de las instituciones públicas y privadas que deseen fomentar la democracia, la participación y un proceso constituyente esencialmente democrático.[3]