“Yo estaba ahí cuando un niño llamaba a la mamá y le decía ‘¡mamita, mamita, ayúdame que me estoy quemando!’ ¿Sabe usted lo que yo sentía en ese momento? Era un dolor tan grande. Los niños estaban pidiendo ayuda, le suplicaban a Dios que los ayudara y ellos ni siquiera fueron a apagar el incendio. Se reían de lo que estaba pasando”.
Este relato corresponde a una de las primeras familiares que llegaron a la cárcel de San Miguel el 8 de diciembre de 2010, cuando el país se vio estremecido por un incendio que costó la vida a 81 personas, en su mayoría jóvenes reclusos.
Luego de cuatro meses de juicio oral está acreditado que las redes secas y húmedas no estaban operativas esa madrugada, así como también falencias en la capacitación a los gendarmes para afrontar este tipo de situaciones.
La investigación de la Fiscalía apunta a demostrar que si hubiese existido una reacción oportuna no habrían existido tantas víctimas fatales. Mientras, las defensas de los imputados buscan demostrar que la magnitud de la tragedia impidió que alcanzaran a actuar.
La investigación señala que el incendio partió por una riña entre internos del cuarto piso de la Torre 5 del Colectivo Sur, la que habría sido bastante anterior a la expansión del incendio.
Según los acusadores, los gendarmes de la guardia perimetral hicieron caso omiso de esto, reaccionando solamente cuando vieron salir humo desde uno de los baños. Aunque la dirección de la cárcel tenía teléfono directo con el mando Metropolitano Sur de Bomberos, el aviso lo dio un interno, que violando las normativas del recinto, portaba un celular.
Para Hugo Montero, abogado de parte importante de los familiares de los fallecidos, esto demuestra la inoperancia de Gendarmería, que al percatarse del fuego actuó como lo haría “cualquier hijo de vecino”.
“Es decir, sin ninguna preparación. Todo el mundo corre y nadie tiene labores específicas que realizar. Para nosotros, está claro que la inoperancia e incapacidad de los gendarmes provocó esta tragedia, que era perfectamente evitable”, dijo.
El abogado Rodrigo Román, de la Defensoría Popular, también asumió la representación de familiares en este caso. Según su punto de vista, el incendio “es una verdadera masacre del sistema carcelario y penal. Se trató como una tragedia, pero es una consecuencia del sistema penal y, en el fondo, del sistema político”.
El profesional añadió que “el tratamiento que se tiene con las víctimas, dada su condición de ‘delincuentes’, importa menos que si fuera una persona que tiene otro estatus. Por eso, han pasado largos tres años, la angustia de las familias se mantiene y el juicio penal va a tener una respuesta absolutamente insatisfactoria”.
Por su parte, el diputado de la comisión de DD.HH. de la Cámara, Hugo Gutiérrez (PC), consideró que luego de tres años se ha aprendido muy poco de lo ocurrido.
Por el contrario, indicó, las políticas públicas apuntan en una dirección errada: “La lógica de encarcelar a la gente sigue presente y se ha recalcado aún más en el Gobierno de Piñera, que tiene la convicción de que la solución de los problemas pasa por el encarcelamiento de las personas y sigue sobre poblando las cárceles chilena. Lo único que piensan es cómo encarcelar más gente y crear más delitos”, afirmó.
En cuanto al desarrollo del juicio oral, a los gendarmes José Poblete, Fernando Orrego y Francisco Riquelme se les atribuye participación en calidad de autores de cuasidelitos reiterados consumados de 66 internos fallecidos en el lado sur del penal. Por esto, la Fiscalía solicita la pena de cinco años y un día de presidio.
En tanto, a los oficiales de Gendarmería José Hormazábal, Patricio Campos, Segundo Sanzana, Carlos Bustos y Jaime San Martín se les atribuye participación en calidad de autores de los cuasidelitos reiterados de 81 internos fallecidos del lado norte y sur, y de los 13 reos lesionados del lado norte. Para ellos se solicita una pena de siete años y un día.
