El asunto está sobre la mesa, pendiente de una resolución que deberá encarar el nuevo gobierno de Gabriel Boric. Se trata de la regulación del juego online, que aunque sigue estando prohibido en todo el país, cuenta a su favor con un proyecto de ley firmado por el anterior presidente en el que se propone una cobertura legal más en sintonía con los tiempos que corren. El documento tiene como objetivo de fondo vehicular la legalización de un tipo de ocio cuyos usuarios exigen que no se criminalice y que, en ausencia de un marco normativo adecuado, está disparando la economía sumergida por parte de algunas compañías del sector.

Fue en la Cámara de los Diputados donde el pasado mes de marzo tuvo lugar el registro de la propuesta, justo después de que a principios de año los grandes clubes de la primera división chilena de fútbol negociaran sus patrocinios con las marcas más destacadas del juego online. Ahí estuvieron Colo Colo, Universidad de Chile, Ñublense o Coquimbo Unido, por citar sólo algunos ejemplos. La polémica saltó a los medios ante este doble rasero, es decir, ante el hecho de que el gobierno prohibiera una actividad concreta y permitiera al mismo tiempo que esta pudiera ser promocionada.

Con un escenario así de por medio, el equipo de Sebastián Piñera, consciente de la necesidad de regularlo, reaccionó con la elaboración del citado proyecto de ley, siempre tratando de buscar un mecanismo que paute el funcionamiento de la industria del juego en el país. A pesar de ello, la legislación estatal sigue manteniendo una postura inflexible en torno a esta forma de entretenimiento. De entrada, tanto los casinos como cualquier otra actividad que implique el desarrollo de apuestas en un local físico son considerados totalmente ilegales. Ahora bien, se dan ciertas excepciones, y es que los organismos pertenecientes al gobierno que incorporan juegos de estas características, como por ejemplo La Polla Chilena o los más de veinte casinos estatales que se distribuyen por todo el país, cuentan con las autorizaciones pertinentes para poder operar sin obstáculos.

Tampoco se libra de estas restricciones el juego a través de internet. Eso sí, las compañías que trabajan en Chile de manera online están sujetas a una legislación que plantea numerosas lagunas, por lo que el margen de maniobra en este caso es algo más flexible y permite a las operadoras realizar su trabajo en algunas circunstancias. Todo esto es fruto de la falta de implicación que los diferentes gobiernos han venido demostrando en torno a este asunto. El proyecto de ley de Piñera pretende establecer un reglamento integral que sirva para salvaguardar a los jugadores y a todas aquellas compañías que estén dispuestas a ceñirse a la legalidad.

Si bien es cierto que la iniciativa comenzó a gestarse en 2021, la previsión marca que será a lo largo del presente curso cuando termine de concretarse con mayor amplitud. El contexto es especialmente propicio para ello, y es que el auge del sector del juego en Chile durante y tras la pandemia ha dejado cifras de primer nivel. Teniendo en cuenta los números que maneja la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ), el país genera más de cincuenta millones de dólares accediendo a portales de juego online cuyo dominio está ubicado en el extranjero.

La intención perseguida por el equipo de gobierno anterior no sólo busca un marco normativo asumible, sino crear además una serie de impuestos a su alrededor. Según lo expuesto en la propuesta de regulación, la subsecretaría de Hacienda deberá asumir un papel protagónico en todo este asunto, dado que sería la institución encargada de aplicar un tipo impositivo sobre jugadores y operadores que permita recaudar medio centenar de millones de dólares al cabo del año.

Entrando en materia, si el proyecto de ley termina saliendo adelante, los operadores online podrán elegir para el desarrollo de su actividad una de las dos licencias que se contemplan: la general, que duraría cinco años con opción de prórroga; y la reducida, que estaría limitada a medio año sin posibilidad de ser ampliada. Por lo que respecta a los impuestos que se barajan, el estado exigiría la cuarta parte de los ingresos brutos generados. El responsable de controlar estos requisitos sería la Superintendencia de Casinos, Apuestas y Juegos de Azar, cuya labor no sería otra que la de crear un mapa de casinos online legales en Chile, impidiendo así que proliferen las salas clandestinas y se dispare la economía sumergida en estos entornos. En la misma línea de fiscalidad se encontrarían los jugadores, que de igual modo estarían obligados a tributar el 15% de las ganancias obtenidas en modalidades de toda índole: ruleta, máquinas tragamonedas, póker, etcétera. La medida pretende efectuar la recaudación automáticamente en el momento en el que se produce la transacción económica del cobro de los premios.