Como “gravísima” calificó el presidente del Senado, Andrés Zaldívar, la situación que enfrentan las municipalidades por el cobro judicial del bono SAE, que permite mejorar la remuneración de los profesores.

El parlamentario sostuvo que “éste es un problema que debemos enfrentar como Estado, no es algo que se limite a un gobierno determinado ni sólo a los municipios”.

El senador Zaldívar, junto a la ministra de Educación, Adriana Delpiano, encabezó una reunión con representantes de la Asociación de Municipalidades de la Región del Maule, encuentro en el que también participaron el senador Juan Antonio Coloma y el diputado Pablo Lorenzini.

En la ocasión, los ediles manifestaron su preocupación ante un escenario que, según señalaron, “podría terminar con alcaldes renunciados o incluso encarcelados”. +

ANTECEDENTES

“De acuerdo con los antecedentes que nosotros tenemos ese bono está pagado, pero ha habido una interpretación judicial en la cual se entrega una conclusión diferente”, manifestó el presidente del Senado.

“Esto significa para las municipalidades una situación compleja, porque financieramente es imposible que puedan soportarlo. Los recursos comprometidos alcanzan a más de 500 mil millones. Es un problema gravísimo, que está presente en todo el país”, puntualizó.

MINISTRA

Por su parte, la ministra Delpiano criticó el actuar “de abogados que están buscando demandar al Estado y cobrarles a los profesores una parte de lo que pudiesen lograr por estos juicios que son antiéticos”.

Añadió que el bono ya se pagó aunque no aparece consignado de la forma que los profesores quieren, discrepancia que habría originado las demandas.

La titular de Educación y el presidente del Senado se comprometieron a gestionar una reunión con la Corte Suprema, la Contraloría General de la República y el Ministerio del Interior, para buscar una salida y tener una interpretación común de la ley.

Andrés Zaldívar sugirió incorporar al Consejo de Defensa del Estado y no descartó estudiar una ley que ayude a evitar futuras acciones legales contra las municipalidades.