Por Juan Pablo Gándara, Director de Proyectos Fundación Casa de la Paz.

El 26 de septiembre, recién pasado, se realizó en la Universidad Diego Portales, en su facultad de Derecho, el seminario “Relaciones Comunitarias: una mirada desde los derechos y la participación” convocado por Fundación Casa de la Paz, al cual asistieron representantes de diversas organizaciones de la sociedad civil, del sector público y privado. En el seminario se generó un amplio debate sobre participación y derechos ciudadanos, los cuales aparte de mostrar los distintos intereses y diagnósticos sobre esa parcela de la actualidad nacional, dejaron en evidencia la considerable distancia que actualmente existe entre los distintos puntos de vista que ahí se expresaron.

A raíz de lo anterior, tomo como elemento relevar el papel que ha venido jugando la gran minería en Chile, industria que, pese a todo lo que se pueda decir sobre ella, hay que reconocerle su proactividad y liderazgo a nivel nacional en ámbitos de transparencia, gestión de impactos, apoyos a iniciativas locales y/o seguridad laboral, por mencionar algunos elementos.

Respecto de ese liderazgo que debe seguir profundizándose, y que debiese ponerle presión también a otras industrias para que mejoren sus estándares productivos, aún hay desafíos pendientes vinculados a una mayor inclusión y participación en la toma de decisiones que afectan intereses de terceros, sobre todo intereses de índole indígena o de acceso a recursos naturales (agua, sobre todo).

En mayor inclusión y participación un elemento central -que debe estar siempre alentándose desde las distintas posturas- es el acceso a la información, clara y oportuna, para todos los actores del territorio, pues ello constituye un elemento primordial al querer diseñar participativamente políticas o herramientas de intervención social que busquen potenciar un territorio.

Una buena acción que se podría comenzar a implementar (y que unos pocos ya han comenzado a hacer), es promover, por ejemplo, que los actores que a menudo participan y contribuyen al desarrollo de estudios sociales o ambientales, puedan acceder a los resultados de éstos para luego validarlos y priorizarlos. Con esta simple acción, se puede contribuir tanto a homologar niveles de información sobre el propio territorio en los grupos de interés, como a generar una idea común, validada y socializada, sobre los objetivos que se deben perseguir para desarrollar el territorio.

A su vez, la ampliación de ese ejercicio debiese aportar indirectamente a ir cambiando algunas dinámicas culturales que están instaladas en las distintas relaciones que se generan entre empresa y comunidad, en donde, de vez en cuando, ocurre que el dirigente social, por ejemplo, junto con conocer la propuesta de trabajo que trae la empresa, conoce también en la misma instancia de “diálogo” a sus abogados e ingenieros, anulando así cualquier posibilidad de negociación para el actor local.

Ojo que cuando esto pasa al revés, y es la empresa la que se topa con un dirigente “armado”, lo común es escuchar frases tales como: “este tipo sólo quiere plata”, “quiere todo gratis” o “no quiere dialogar”, perdiendo así la idea de que este actor se pueda sentir intimidado por la propia empresa y sus “formas de diálogo” que fueron previamente expresadas.

En suma, en un escenario marcado por distintos niveles de información, donde las confianzas, el trabajo colaborativo y la construcción de sólidos acuerdos se ve aún como algo insuficiente y difícilmente alcanzable, es donde hay un importante espacio de trabajo para mejorar el diálogo, acercar las posturas y buscar los consensos que sean necesarios, para así crear instrumentos y dinámicas de gestión local que sean compartidas y validadas por todos aquellos actores que se sienten llamados a aportar al desarrollo de su propio territorio.