Es en estos días, cuando la expectación cunde entorno a la designación de nuevos secretarios regionales ministeriales y directores de servicios en el Maule, por parte del asumido gobierno de Michelle Bachelet, cuando vuelve a hacer ruido el documento firmado por los presidentes regionales de los partidos que conforman la Nueva Mayoría, redactado por personeros provinciales de Talca de la Central Unitaria de Trabajadores – CUT – encabezados por Soraya Apablaza, llamado ‘declaración de principios’ y que habla sobre evitar que las prácticas anti sindicales y de acoso laboral que imperaron en gobiernos anteriores, vuelvan a repetirse.

“Queremos que las personas que sean nombradas, sean las mejores, las más idóneas, y que quienes las designen no se fijen sólo en sus perfiles técnicos, sino que además tomen en consideración el perfil humano de ellas, que no tengan un historial de maltrato, persecución laboral, prácticas antisindicales o deudas previsionales hacia sus funcionarios” señaló Soraya Apablaza al ser entrevistada por nuestro medio.

De acuerdo a lo que nos pudieron explicar algunos presidentes regionales de partidos oficialistas, y tras la descripción dada por Apablaza (en la foto), se logra desprender que el documento en si es vago, de rasgos generales y poca profundidad, y no aporta en nada nuevo a lo que ya ha dicho la propia presidenta Bachelet acerca de que quienes integren sus gabinetes regionales, lo hagan con la prolijidad de no pasar a llevar los derechos de los funcionarios públicos de las diferentes reparticiones.

Apablaza continúa explicándonos que en administraciones anteriores – tanto de Bachelet como de los otros ex mandatarios concertacionistas – “hubo algunas personas que efectivamente cayeron en este tipo de acciones, no tan sólo anti sindicales sino que de acoso laboral, maltrato y persecución de funcionarios y dirigentes sindicales”.

Psico Terrorismo Laboral

Pero no tan sólo en los anteriores gobiernos concertacionistas hubo prácticas del llamado por expertos “psico terrorismo laboral” o “mobbing”.

 Apablaza agregó que también bajo la reciente administración de Piñera “ha sido impresionante el número de casos de acoso y maltrato laboral, además de prácticas anti sindicales. Lo peor es que en estos últimos cuatro años no conseguimos que ninguna de las personas que cometieron este tipo de actos hayan sido removidas de sus cargos”.

Casos y víctimas

Al ser preguntada por los nombres de estos titulares de servicios sindicados como causantes de acoso laboral y prácticas anti sindicales, Soraya Apablaza señaló que “no daremos los nombres a la prensa, los entregaremos a los presidentes de los partidos y ellos resolverán si alguno de los antecedentes podrían afectar a este gobierno. Esa decisión la tomarán ellos en relación a las listas que le hagan llegar al intendente y a la presidenta”.

Recopilando testimonios, hay algunos nombres que vale la pena considerar y que por uno u otro motivo salieron a la luz pública  y a la prensa, y en que los funcionarios públicos decidieron no denunciar, pero cuyas jefaturas cometieron prácticas de acoso y maltrato laboral, tanto en los gobiernos de la Concertación, como en la administración Piñera:

El caso de Elizabeth Berríos

 La periodista y encargada de comunicaciones de la Seremía de Obras Públicas  durante 21 años y hasta 2007, finalmente fue acosada laboralmente por el titular de la cartera de ese entonces, el demócrata cristiano Enrique Jiménez Sepúlveda, a través de menoscabar su labor profesional, quitarle responsabilidades que antes tuvo a su cargo, y no permitirle entrar a su oficina o a reuniones de alta importancia para la repartición. – vea nota relacionada -

Rosa Retamal y el acoso laboral en Conace

 Esta abogada demócrata cristiana y ex coordinadora regional del Consejo Nacional de Control de Estupefacientes – Conace, actual SENDA -  desde el gobierno de Lagos hasta el 2010, fue conocida por menoscabar la labor profesional de dos de sus asesores comunicacionales, a quienes humillaba en público durante salidas a terrenos, o les llamaba la atención de un mal modo mientras se encontraba en puntos de prensa y ante la menor pregunta complicada de alguno de los periodistas. Generaba ambientes ‘enrarecidos’ al interior de la repartición, conjugando elementos y escenarios para que estos profesionales de la comunicación no pudieran desempeñar su labor de forma tranquila y eficiente.

 Además, ocasionó que el asistente social Héctor Soto – PS – dejara sus funciones como coordinador de la oficina de Previene Curicó, por motivos de acoso laboral muy similares a los vividos por los periodistas que estuvieron bajo su mandato.

De todos modos, sería casi imposible - y poco afortunado - que Rosa Retamal volviera al gabinete regional, dada su antigua enemistad con el actual intendente Hugo Veloso Castro.  

Al respecto, Soraya Apablaza fue enfática en sostener que “fue increíble ver como creció el nivel de licencias médicas por stress laboral y depresión en funcionarios públicos en la región durante la reciente gestión”.

¿El regreso?

¿Qué pasará si los presidentes regionales de los partidos de la Nueva Mayoría no cumplen dicho acuerdo, y ubican en el aparataje público nuevamente a personas que cometieron terrorismo laboral en el pasado?

Sobre esa pregunta, Soraya Apablaza puntualizó que “de ser así, nosotros haremos las denuncias públicas, porque todos los antecedentes que hemos entregado son serios y responsables, y en su minuto tuvieron connotación ante Contraloría y a los medios, además de estar respaldados por representantes de las reparticiones públicas y dirigentes sindicales”.