Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó el caso de José González, quien pedía el retiro de la totalidad de sus fondos, que alcanzan los 23 millones de pesos, de la AFP Provida.

Según consignó Cooperativa, el hombre de 69 años y jubilado, presenta problemas de salud e incapacidad de trabajar debido a un accidente laboral que lo dejó con la visión reducida, lo que lo motivó a exigir el retiro, el que le fue negado por la Corte Suprema,  revirtiendo el  fallo de la Corte de Apelaciones de Talca que ordenaba reintegrar dichos montos.

Fue en este contexto que el abogado e hijo del pensionado, José González, ingresó ante la CIDH un recurso de nulidad, que será tramitado ante el organismo internacional.

"Este fallo se basa en el Decreto de Ley 3.500 como limitador de un derecho constitucional, como el derecho de propiedad. El año 98, la Corte Suprema no aplicó la Ley de Autoanmistía, también decreto de ley que no se puede dar validez democrática por la vía jurídica por ser normativa dictada en gobierno de facto", afirmó  al medio González Gaete.

Imagen: Huawei / Agencia Uno