El nuevo mecanismo de financiamiento de las Fuerzas Armadas tiene tres componentes esenciales: Primero lo que son los gastos administrativos, como remuneraciones, luego, todo lo que son sus capacidades estratégicas, como adquisición del material bélico, preparación, a través de presupuestos plurianuales de cuatro años; y la creación de un Fondo de Capacidades Estratégicas, con los recursos que hoy día están en la Ley Reservada del Cobre.

Estos son los aspectos principales del proyecto que hoy descansa en el Senado y que en palabras del nuevo ministro de Defensa, Jorge Burgos, será una de las prioridades en los primeros meses de su administración. De hecho, adelantó que redactará una indicación sustitutiva al proyecto que será presentado al Senado y que permita su rápida tramitación.

La iniciativa, recordemos, surgió luego que se estableciera el consenso de terminar con la normativa que otorgaba directamente el 10% de las exportaciones del cobre para las FF.AA. Respecto de si esta nueva normativa significaría un desmedro en el presupuesto de las FF.AA, el nuevo secretario de Estado, lo descartó.

Por esto, el ministro Burgos explicó que “en la medida que nosotros tenemos leyes mejores que tengan que ver con la democracia, que tengan que ver con la transparencia no es menoscabo para nadie, es todo lo contrario, es fortalecer un sistema de adquisiciones, de inversión en  armas muy importante para el país”.

Para el analista internacional y experto en defensa, Raul Sohr, nuestro país se encuentra muy atrasado respecto de otras naciones de Latinoamérica e incluso, Estados Unidos, donde la tendencia va a reducir el presupuesto que se destina para gasto militar.

Para el especialista, Sudamérica es una región “de paz”, donde no se justifica el presupuesto que las FF.AA. maneja para la compra de armamentos.

“El gasto de Chile per cápita es el más alto de América Latina, estamos hablando, además, de una zona que es Sudamérica que no ha tenido una guerra como tal desde el año 1932, la Guerra del Chaco entre Bolivia y Paraguay, es decir, Sudamérica es una zona de Paz y por lo tanto tener los aprestos militares que tiene Chile realmente representa un desperdicio de recursos que podrían haberse destinado a otras materias”, explicó el experto en gasto militar.

El analista agregó que “en Chile la continuación de presupuestos bélicos, que no disminuyen, es un síntoma de la persistencia del militarismo. Los presupuestos deben reflejar la realidad de las amenazas percibidas por un país. En consecuencia allí donde las decisiones son tomadas en forma racional y no bajo presión o incluso amenazas las partidas de Defensa suben o bajan según lo estimen las autoridades políticas”.

Para las organizaciones de Derechos Humanos, otra de las prioridades de la nueva administración será avanzar en el proceso de degradación de los militares condenados por crímenes cometidos en dictadura.

En este sentido, la presidenta de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, Alicia Lira señaló que “no sé cómo lo van a hacer ellos, a degradar a todo aquel militar, carabinero, uniformado que esté condenado por crímenes de lesa humanidad”.

Para la dirigente además es importante que el ministerio de Defensa sirva como puente para romper finalmente el pacto de silencio establecido por la llamada “familia militar” y que de esta forma, se pueda conseguir información relevante para conocer la verdad de los crímenes cometidos en dictadura.

Jorge Burgos, se refirió, además, a la renuncia de Carolina Echeverría, quien había sido nombrada como subsecretaria de Fuerzas Armadas y cuestionada por posibles conflictos de interés relacionados con su padre, Víctor Echeverría, acusado de violaciones a los Derechos Humanos durante la dictadura.

“Ella hizo un proceso muy personal, muy propio, de discernimiento y tomó una decisión que no fue fácil y muy generosa”, indicó el ministro.