Este lunes el juez Víctor Rojas, del juzgado de garantía de Talca, anunció que se decretará la prisión preventiva para 15 de detenidos en el marco de la Operación Hermandad, que detuvo a 35 narcotraficantes de dos bandas distintas a fines de mayo. Entre los afectados por esta media está Pamela Loyola, líder de una de las bandas, junto a sus 3 hijos. También está Gabriel Gutiérrez, apodado “El Morocho” y jefe de la otra banda, junto a su hermano y su madre.

La lista de imputados que quedaron en la cárcel se desglosa en 11 adultos, por delitos de asociación ilícita, tráfico de drogas y tenencia ilegal de armas; además de 4 menores de edad, en su mayoría, sindicados por el homicidio frustrado de dos carabineros de la sección SIP de la Cuarta Comisaría de Talca. Rojas también anunció medidas cautelares de arraigo nacional y firma periódica para otros 11 imputados.

 Según consignó el diario El Centro, el fiscal Soto destacó que “se dio por acreditada la existencia de una asociación ilícita respecto de dos grupos delictuales, cuyos líderes y quienes forman el denominado “núcleo duro”, quedaron con medidas cautelares de mayor intensidad, lo cual permitirá seguir investigando en los cuatro meses que fijó el tribunal”.

Por otra parte, Iván Gómez, abogado defensor de Pamela Loyola, cuestionó que el juez haya certificado la formalización por asociación ilícita. Según dijo, se trata de “un grupo de personas que, como mucho, no cumplían estos requisitos. Una asociación ilícita pone en riesgo al Estado. Esto es característico, por ejemplo, de la guerrilla asociada al narcotráfico en países como Colombia. Obvio que actividades como las que desplegaban nuestros defendidos están lejos, abismalmente, de configurar este tipo de asociaciones, donde lo que se pone en duda es la autoridad estatal para imponer la ley”, aseguró.

La formalización de los imputados comenzó hace dos semanas. De los 35 detenidos, ocho quedaron en libertad en los primeros días, luego que los fiscales llegaran a acuerdos con las defensas para aplicar medidas cautelares alternativas por delitos menores. Así, 26 detenidos se mantuvieron los 14 días de audiencias, escuchando cargos criminales y a sus ocho defensores.