“Desde 2007 a 2009, durante todo el proceso de evaluación ambiental del proyecto hidroeléctrico Alto Maipo, la empresa Aguas Andinas se opuso a éste porque afectaba los derechos de agua y la infraestructura de agua potable para 6 millones de personas. Curiosamente, seis meses después de aprobado, la sanitaria firma un convenio secreto con Aes Gener donde accede a ceder tanto el agua como la infraestructura”.

Así resumió Sara Larraín, directora de Chile Sustentable la postura con la que los y las integrantes de la Coordinadora Ciudadana Ríos del Maipo llegaron este miércoles al Consejo de Transparencia, organismo al cual acudieron para hacer público el acuerdo, tras la negativa tanto de la sanitaria como de la Superintendencia del ramo para darlo a conocer.

La ecologista destacó que la situación es tan irregular como crítica. “Se trata de un servicio público concesionado, el que debe ser exclusivo. Pero en este caso, la empresa sanitaria entrega por 40 años el uso de sus instalaciones a una eléctrica, lo que es contrario a lo que establece la Ley”, recalcó.

El abogado Rodrigo Weisner, en representación tanto de la coordinadora como de un grupo de 7 senadores que han expresado su preocupación por los alcances del acuerdo, indicó que se trataba de un hecho inédito. “Por primera vez la sociedad civil defiende sus argumentos ante el consejo. Y también es primera vez que el consejo lo hace con solo la mitad de sus integrantes, ya que dos de ellos se inhabilitaron para conocer el proceso”.

Weisner explicó que los reclamantes “piden a un organismo estatal que haga público un documento que tiene en su poder, en base al cumplimiento del artículo 5° de la ley 20.285 sobre transparencia de los organismos del Estado, pues desde su perspectiva, la SISS tiene la obligación de dar a conocer el convenio ya no existe una ley de quórum calificado que establezca que este tipo de contratos sea secreto y es eso lo que se expone ante el Consejo de Transparencia, sobre la base de que 6 millones de personas esperan saber si un convenio comercial afectará el agua potable que consumen”, reiteró.

Por su parte, Jack Stern, ingeniero hidráulico y miembro de la coordinadora quien expuso ante el Consejo, indicó que existen argumentos técnicos claros  para objetar el proyecto, “porque pone en riesgo la continuidad y la calidad sanitaria del sistema de agua potable de la capital, generando además un impacto ambiental relevante sobre 100 mil hectáreas, acelerando también el derretimiento de los glaciares de la zona y con un grave daño a la economía local”.

El proyecto Alto Maipo, que pretende instalar dos centrales hidroeléctricas de pasada con capacidad de 530 megawatts de potencia, fue aprobado ambientalmente en el año 2009, luego de dos ingresos, tres adendas, una reclamación ante el Consejo de Ministros de la CONAMA y una comisión investigadora de la Cámara de Diputados, la que falló en su contra al detectar graves falencias ambientales e irregularidades en su procedimiento administrativo.