La organización Abuelas de Plaza de Mayo de Argentina anunció esta semana una nueva restitución de identidad, la número 109, desde su fundación. Después de casi 38 años -Pablo Germán Athanasiu Laschan- hijo de chilenos secuestrados y muertos por la dictadura trasandina, quien fue arrebatado de sus padres y dado en adopción, conoció por fin su verdadera identidad y origen. En Chile, a un mes de la conmemoración de los 40 años desde el golpe de Estado cívico militar, el caso de Germán y sus verdaderos padres viene a recordarnos bruscamente que la historia está aquí, que el pasado vive en el presente y, sobre todo, nos recuerda que aún falta mucho por conocer. Aún son muchas los hombres y mujeres que buscan saber dónde están y qué ocurrió con sus familiares desaparecidos.

Es cierto que hemos avanzado en ello, en la búsqueda de la verdad, la justicia y la reparación, gracias a la invaluable labor de los y las familiares de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil y de los profesionales de diversas áreas comprometidos con los derechos humanos. Pero eso no basta. Aún falta mucho por saber.  A 40 años del golpe, como ha afirmado el INDH reiteradamente en sus Informes Anuales, es indispensable que, sin dañar la calidad de las investigaciones, se mejoren los tiempos de respuesta judicial y se le garanticen recursos suficientes a los órganos jurisdiccionales, considerando una completa asistencia judicial a las familias de las víctimas detenidas desaparecidas, ejecutadas políticas y también a sobrevivientes de la tortura.

Es necesario además que el Estado se haga cargo de crear una instancia permanente que pueda conocer y calificar casos de violaciones sistemáticas de derechos humanos que aún pudieran estar pendientes y que deban ser investigados y reparados. De esta manera se daría cumplimiento al deber de garantizar el derecho a la verdad, justicia, memoria y reparación que dictan las normas de derechos humanos.

Por otra parte, para apoyar las obligaciones que el Estado tiene con las víctimas, se requiere que la sociedad en su conjunto evite cualquier forma de negacionismo y relativización de los crímenes perpetrados pues representan una obstrucción a los procesos de establecimiento de la verdad y la preservación de la memoria. Ello debe ser concebido y asumido no sólo como un imperativo normativo, sino como una genuina expresión de voluntad social de repudio a estos crímenes.

La dictadura y su trágica historia de 17 años, marcó  a los chilenos y chilenas de muy diversas maneras. A las víctimas y a los victimarios; a los que lucharon contra ella y a los que la apoyaron; a los que se conmovieron frente a lo que ocurría y a los que prefirieron mirar hacia otro lado. Esa marca no se acaba en quienes vivieron aquellos años, sino que trasciende a las generaciones que llegaron después. Por eso, persistir en la verdad y en la justicia, lejos de anclarnos en el pasado, es una muestra de responsabilidad con el presente y con un futuro en el que, de verdad, Nunca Más se repitan este tipo de hechos.