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Estimada como el gobierno del pueblo, lo cierto es que la democracia es apenas una promesa, todavía en el mundo, como una ilusión en nuestro país. Por más que los ciudadanos concurran a votar periódicamente para elegir a sus autoridades, la práctica del sufragio no garantiza necesariamente que los gobernantes tengan en consideración el deseo de sus ciudadanos, como tampoco los pueblos tienen realmente la posibilidad de mandatarlos y removerlos si incumplen con ellos. A lo más, ocurre, que el pueblo propone, pero la política dispone.

Al término de la Dictadura Militar, el clamor nacional fue la recuperación de nuestra democracia, pero a más de dos décadas vemos que en Chile sigue vigente la constitución pinochetista y su institucionalidad. Ni siquiera el régimen electoral binominal ha sido reemplazado, como tampoco todavía hemos consolidado el sufragio universal, cuando aún no tienen voto los chilenos del exterior, y lo que han hecho los últimos gobiernos ha sido desincentivar la concurrencia electoral mediante un acuerdo político en que se determinó la voluntariedad de este derecho y deber cívico. El 58 por ciento de abstención en las últimas elecciones presidenciales habla de la poca representatividad que tendrá el gobierno elegido por aquella minoría que concurrió a votar por las candidatas que llegaron a la segunda vuelta.

En relación al Parlamento, es evidente, asimismo, que su correlación de fuerzas ha resultado más de los conciliábulos cupulares que de la competencia amplia y plural de los postulantes. En este sentido, de no operar los pactos entre los partidos, habría una buena cantidad de diputados y senadores que no habrían ganado su escaño en las cámaras legislativas, como hay tantos otros que se postulan sin posibilidad alguna de romper el binominalismo.

Sin embargo, con una pavorosa falta de autoridad moral, se critica desde Chile los sistemas políticos de otras naciones. Y lo hacen, principalmente, los mismos que instigaron a los militares en 1973 y prescribieron  por largos años la suspensión de todos los derechos ciudadanos, además de justificar la represión y las severas violaciones de los DDHH. Muchos de los cuales en estos años se han asegurado continuidad en el gobierno y en el Congreso Nacional después de haber sido colaboradores del Dictador.

No solo aquí, sino en todos los países que presumen  ser democráticos se reconoce la inmensa influencia del dinero en la elección y el sostenimiento de las clases políticas, caudillos y partidos. Ello no significa otra cosa que es en las grandes empresas y los multimillonarios donde radica más soberanía que entre los trabajadores y la sociedad civil. Sobre todo en aquellos países, como el nuestro, en que se ha deteriorado el espíritu cívico de la población y el cohecho está institucionalizado, incluso, con los incentivos y falta de regulación de las normativas electorales respecto del gasto electoral, los aportes de las empresas y las erogaciones anónimas a los candidatos. Por algo la Dictadura eliminó las clases se educación cívica en los colegios, decisión que han mantenido los cinco gobiernos que la han seguido.

Es público y notorio que, en las últimas elecciones generales superamos todas las cifras anteriores en relación al gasto publicitario. Así es como es posible demostrar que los que ganaron las elecciones son, salvo contadas excepciones, los que más gastaron en propaganda. También desde aquí se objeta la calidad de algunas democracias que ciertamente han definido normas mucho más estrictas que las nuestras para controlar el gasto y perseguir el cohecho.

Aunque ya se reconoce universalmente a la libertad de prensa como un soporte y condición  fundamental de la Democracia, nuestro  país es indudablemente uno de lo que tiene peores estándares en diversidad informativa. Dichos informes son certeros en señalar la grosera concentración mediática en la prensa, la radio y la televisión, donde prevalece una visión única en orientación política, económica y cultural. De allí es que resulte jocoso que los medios que en Chile se enseñorean en el periodismo y la comunicación social se atrevan a criticar la situación del periodismo en Venezuela y otros países del Continente donde es cosa de pararse frente a un kiosco de diarios o encender la televisión para darse cuenta que los medios que mandan y estar perfectamente financiados son los de la oposición. Curioso es que sean otra vez los que persiguieron a los periodistas y encarcelaron el pensamiento disidente los que rasguen vestiduras desde nuestro Parlamento para condenar las supuestas transgresiones del gobierno de Maduro. Secundados, desde luego, por aquellos que  luego financiaron la política de exterminio del  gobierno de Patricio Aylwin y siguientes contra los medios independientes que se habían destacado en la lucha contra la Dictadura,  y ahora se proponían exigir el cumplimiento de las promesas democráticas. Cuya existencia ciertamente amenazaba esta interminable posdictadura que vivimos.

Bochornoso nos parece que en nuestros canales de TV y de  radio, especialmente,  los mismos rostros de la farándula y de la autocensura periodística sean los adalides de la denuncia contra nuestros países hermanos, bien financiados como están aquí por las cadenas informativas estadounidenses y españolas posicionados de nuestro espectro radiofónico  y televisivo. Algunos de los cuales nunca levantaron un dedo para protestar contra las persecuciones de Pinochet a la prensa.  Animadores y opinólogos que viven en plena convivencia con los desnudistas, chistólogos y otros que encarnan  la  principal “oferta cultural” del país y al cual la chabacanería  le pone alfombra roja y pasarelas, como es el Festival de Viña del Mar, los realities y las teleseries.

A lo anterior, cómo no agregar el que es, acaso, el peor enemigo de la democracia, cual es la intolerancia de los gobernantes al disenso, la persecución de las demandas callejeras y la intimidación de las organizaciones sociales. No en vano es que a los conspiradores venezolanos les han servido algunas imágenes de los apaleos policiales chilenos para imputárselos al gobierno de ese país. Por cierto que en una clara muestra de que nuestro pretendido régimen democrático lleva la voz cantante en las golpizas a los estudiantes, en el cerco y militarización de regiones indígenas, cuanto en la aplicación de una Ley Antiterrorista que impide los debidos procesos, fomenta la delación y la infiltración policial de las organizaciones que luchan por sus derechos y  contra de las múltiples impunidades que se  perpetúan.

Bajo el imperio de un régimen represivo, en que los ciudadanos  tienen muy precaria capacidad de expresarles a las autoridades su parecer o exigir la remoción de los que le incumplen, cuestión ésta que ya se establece como consustancial a un régimen de real soberanía popular. En un Estado, como el nuestro, que lo que menos tiene es de “derecho” cuando observamos, por ejemplo, la ira gubernamental y los improperios que se le lanzan desde La Moneda a los jueces y a las resoluciones que incomodan a sus moradores de turno. Cuando los militares que agreden a los civiles  continúan siendo “juzgados” por los tribunales castrenses.

En una realidad política en que campean, por lo demás, los operadores, el clientelismo y la falta de probidad. Donde muchas veces la Transparencia es ley muerta y hasta cómplice.