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Luego que ayer hiciera pública a través de su cuenta de Twitter la lista elaborada por Pepe Auth con los porcentajes de financiamiento reservado en las campañas parlamentarias, el diputado de la Izquierda Autónoma por Magallanes, Gabriel Boric, en conversación con Radio Universidad de Chile, manifestó que  el denominado Caso Penta es la punta del  iceberg que esconde un estrecho vínculo entre el empresariado y la política.

¿Qué tan corrupta es la relación entre dinero y política en Chile?

La palabra corrupción tiene connotaciones bien duras. Yo creo que en Chile nos acostumbramos, como a una situación de normalidad, que exista un vínculo muy estrecho entre ambos, pero es muy nocivo porque es poco transparente, es un vínculo que escapa a los márgenes de la ética, pero que, sin embargo, muchas veces es legal.

La corrupción es un acto que está penado, es un acto ilegal y, no es necesariamente es el caso de Chile, pero creo que muchas veces la ley no alcanza los estándares éticos necesarios en política. Hoy estamos en un contexto de alto desprestigio de esta actividad en nuestro país. La verdad es que este tipo de situaciones no ayudan en nada, sino que solo contribuyen a seguir echándolo para abajo. Pensando en positivo creo que estamos ante una oportunidad que como sociedad no podemos desaprovechar para avanzar en transparencia en la relación que existe entre estos dos mundos.

Se oberva una tendencia a hablar del Caso Penta o de delitos puntuales, pero no el modo en que eso determina la política cotidianamente ¿Cómo influye en el día a día?

Creo que ésta es una cuestión transversal de la política chilena, esto no es exclusivo de la UDI o de la derecha, es cosa de ver cómo fue el financiamiento de la campaña de Michelle Bachelet o cómo ex ministros de la Concertación participan en directorios de Isapres. Yo soy parte de la comisión investigadora del Caso Cascadas, y uno puede ver cómo los directores de las empresas vinculadas, como Pampa Calichera, Norte Grande o SQM, tienen también directores que fueron parte de la Concertación, del gobierno de Piñera y de la dictadura, indistintamente. Es una cuestión que cruza a todo el espectro de militancias y eso es muy preocupante.

Cómo influye en el cotidiano, la verdad es muy complicado establecerlo porque como se ha naturalizado tanto, durante mucho tiempo, no ha habido cuestionamientos. Es necesario revisar todas las decisiones y cómo, en el fondo, se ha ido favoreciendo al gran empresariado rentista en nuestro país a partir de legislaciones.

Hay que entender que al final el caso de las farmacias, el caso de los pollos y el caso de La Polar, no solo tienen que ver con abusos de ciertos sectores empresariales, sino más bien con la esencia de un sistema, situación que no se soluciona solamente regulando el mercado, sino también cambiando la esencia del carácter del Estado.

¿Qué opina sobre el informe del Instituto Libertad y Desarrollo (LyD) respecto del financiamiento de los partidos políticos? Plantea que poner límites favorece vías alternativas de financiamiento y que los aportes reservados ayudan a la probidad, pues los parlamentarios no saben quiénes los financian.

Lo de LyD es seguir en un autoengaño que ellos mismos lo saben y, por lo tanto, presentarlo al debate público con ese desparpajo me parece una falta de honestidad intelectual tremenda. Respecto de los aportes, todo el mundo sabe, y lo ha señalado explícitamente gente como Felipe Kast, todos saben quiénes pasan los aportes reservados. Lo señaló también Rafael Guilisasti, a propósito del caso Velasco en La Tercera el domingo. Los aportes son reservados para la ciudadanía, pero no para quienes los reciben.

Uno ve el caso de varios diputados que tienen más del 50 por ciento del financiamiento mediante aportes reservados y es evidente que no se puede planificar una campaña si es que no sabe cuánta plata va a tener. Creer que esto es por filantropía que llegó del cielo sin que lo hayan pedido es de una ingenuidad que raya en la negligencia. El argumento de LyD es impresentable.

El financiamiento paralelo ya existe y que algunos digan que la disminución de los aportes aumentaría una eventual corrupción… yo creo que esa gente se tiene que ir para la casa.

Políticamente ¿Da lo mismo que los aportes reservados sean recibidos por personas de derecha o de izquierda?

Yo creo que la gente de izquierda se debería poner más colorada, pero es el mismo problema: hay que establecer un cortafuego entre dinero y política, independiente de las tendencias que se tengan, no se puede permitir que influyan negativamente en las discusiones sobre el bien público.

Desde mi punto de vista en la Concertación ha habido una contra-reacción permanente en torno a cuáles son los intereses que realmente representan y cómo finalmente muchas de las decisiones que impulsaron sus gobiernos terminaron favoreciendo al gran empresariado, independiente de los logros que sería injusto no reconocer, como la disminución de la pobreza o el aumento de la cobertura en educación. Por eso no hago tanta distinción, para mí, al final del día, más allá de las cuestiones morales, en la práctica, en el tema económico, en la administración del modelo que nos impusieron en Chile, la Concertación y la derecha han actuado bastante parecido.