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Una investigación desarrollada por detectives la Prefectura Provincial Talca, en conjunto con la Unidad de Análisis Criminal y Focos Investigativos (Sacfi) del Ministerio Público, deja un total de 41 armas de fuego incautadas.

Desde el pasado mes de enero comenzó la búsqueda de las armas de fuego previamente inscritas y que pertenecían a personas ya fallecidas, quedando en manos de terceras personas. En total, fueron más de 200 los domicilios visitados y tras contactar a familiares que mantenía el armamento en su poder, la mayoría de ellos accedieron de manera voluntaria a la devolución de las mismas. En tanto en otros inmuebles, al no ser encontrados familiares de los fallecidos, impidió tener un mayor número de armamento recuperado.

Dentro de lo incautado se encuentran 8 pistolas, 23 revólveres, 10 escopetas y 263 municiones de distintos calibres, todas las que se encontraban de forma irregular, ya que quienes estaban en posesión del armamento, nunca lo regularizaron de acuerdo a la ley. Cabe hacer presente que, si el dueño de un arma fallece, el heredero o la persona que tenga la custodia de ésta, u ocupe el inmueble donde el arma se encontraba, cuenta con un plazo de 90 días para regularizar la tenencia del armamento.

JEFE DE LA PREFECTURA

Al respecto, el jefe de la prefectura provincial Talca, prefecto Hugo Haeger señaló “esta incautación corresponde a un trabajo mancomunado, del equipo de detectives de Talca y Constitución, lo cual ha permitido retirar de circulación esta importante cantidad de armas, evitando de esta forma que caigan en manos de delincuentes y sean utilizadas en la comisión de eventuales ilícitos”. El prefecto Haeger hace un llamado a la comunidad a entregar toda arma de fuego que se encuentre de manera irregular para evitar que sean objeto de alguna infracción a la Ley 17.798 que regula el Control de Armas en el país. La PDI cuenta para estos efectos con el número de emergencias 134, para recibir sus denuncias y/o información al respecto.

El armamento y munición incautado, serán periciados por el Laboratorio de Criminalística Regional (Lacrim) a fin de establecer su posible participación en delitos donde se utilizaron armas de fuego y posteriormente serán entregadas a la autoridad respectiva para su destrucción.