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En el contexto actual, las mujeres estamos expuestas a una serie de situaciones que hacen que seamos consideradas uno de los grupos de la población más afectados en esta pandemia, aún más considerando variables sociodemográficas como la clase, la edad, la pertenencia a algún pueblo indígena, entre otros, afectando directamente nuestra autonomía física, económica y/o capacidad de toma de decisiones. Producto de este escenario, en el cual los adultos mayores deben resguardarse y los establecimientos educacionales han trasladado sus actividades a la modalidad online, son principalmente las mujeres quienes se han tenido que hacer cargo de las labores de cuidado y de trabajo doméstico, como ha sido tradicionalmente responsabilizado, ya sea ‘conciliando’ estas labores con el trabajo remunerado, o bien restándose del mundo formal del trabajo para pasar a una condición de inactividad.

En efecto, cifras de la Encuesta Nacional de Empleo (INE, 2020) indican que durante el último trimestre móvil (junio-agosto 2020) la tasa de inactividad de las mujeres en La Araucanía alcanzó al 64,3% de las mujeres en edad de trabajar (en comparación al 44,1% de hombres en la misma situación), cifra considerablemente mayor al 53,8% de mujeres en esta situación en el mismo trimestre del año anterior (junio-agosto 2019). Este panorama es preocupante ya que detrás de dicho porcentaje de mujeres se evidencian situaciones de vulnerabilidad, de falta de protección social, de baja o nula autonomía económica y otras discriminaciones y situaciones de violencia que retardan las posibilidades de potenciar las oportunidades de las mujeres para su desarrollo personal.

Al hablar de trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, actividad históricamente ejercida por las mujeres, se desconoce su verdadero aporte no solo a nivel familiar, sino que también como sustento para el desarrollo económico y productivo del país al favorecer la participación de otras personas en el mundo del trabajo remunerado. Proyecciones como las realizadas por Comunidad Mujer (2020), establecen que el valor productivo de este tipo de trabajo no remunerado alcanzaba una suma de 44 billones de pesos al año 2015, lo que equivaldría al 22% del PIB Ampliado de ese año, superando la contribución de todas las otras ramas de actividad económica; sin embargo, la invisibilización de esta importante actividad sigue relegando a las mujeres a condiciones de vulnerabilidad y precarización basadas en las nociones del amor, romantización y naturalización de estas labores como parte del “ser mujer”.

Pero, a pesar de este panorama, hoy más que nunca tenemos la posibilidad de realizar una transformación en este escenario y empujar desde los distintos espacios, principalmente desde la sociedad civil, para alcanzar un reconocimiento constitucional del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado, que ha intentado establecerse formalmente a través de un proyecto de ley ingresado en 2019 y liderado por la diputada Gael Yeomans, pero que ha sido enlentecido durante su proceso. Importantes iniciativas como estas permitirían hacernos cargo de una situación que afecta a un importante número de mujeres en nuestro país, incorporando esta dimensión formalmente en la formulación y ejecución de las políticas públicas, asegurando recursos y exigiendo un escenario que permita compatibilizar estas labores de cuidado en un ambiente de protección. Claramente, el paso paralelo es fomentar la corresponsabilidad de todas las tareas domésticas entre hombres y mujeres.

Quedan pocos días para el plebiscito constitucional y es ahora, entonces, donde tenemos que considerar aquellas tantas cosas que nos mueven para exigir una nueva Constitución. En este sentido, la autonomía y libertad de las mujeres debe ser una de ellas si queremos construir una sociedad más justa y equitativa.