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El proceso constituyente en que se verán involucrados trae consigo reconocimiento, un paso significativo ante la evidente falta de participación al no ser considerados en la elaboración de las políticas públicas; de igual forma, corre el cerco frente a las constantes discriminaciones y la negación que han sufrido por parte del Estado.

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Tras más de un año de debate, por fin tenemos luz verde y los representantes de los pueblos originarios podrán defender derechos colectivos y territoriales, diálogo que por años ha permanecido bloqueado.

Dentro de sus 155 integrantes, la Convención Constitucional incluirá 17 escaños reservados para pueblos indígenas.

Según establece la ley, se utilizarán distintos mecanismos e información almacenada para resguardar la calidad indígena de candidatos y votantes, entre los cuales se encuentran la nómina de aquellas personas que estén incluidas en el Registro Nacional de Calidades Indígenas o datos administrativos que contengan apellidos evidentes. Dicho listado será publicado electrónicamente por el Servicio Electoral hasta 80 días antes de la elección.

Los ciudadanos y ciudadanas que no figuren en la nómina podrán identificarse como electores indígenas hasta 45 días antes de elección, obteniendo una autorización del Servicio Electoral al acreditar su calidad de indígena mediante un certificado de la Conadi o una declaración jurada, elaborada por el Servel, firmada ante un ministro de fe.

Este gran logro es sólo el primer paso para empezar a saldar una deuda de más de 500 años y, además, se transforma en un nuevo hito en la elaboración de la próxima Constitución chilena, que ha surgido desde las demandas populares y estará escrita de forma paritaria entre mujeres y hombres elegidos especialmente para este fin.

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