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En los últimos días parlamentarios y otros sectores han señalado su oposición enfatizando que tal figura debe ser electa por mayoría absoluta, contar ya con un conjunto de competencias transferidas de organismos centrales al GORE y, entre otros, disponer de un adecuado financiamiento. Debilidades que el Ejecutivo y Parlamento pueden resolver oportunamente.

Sin duda que tales prevenciones son plausibles e inicialmente irrefutables.

Pero ellas tienden a abstraer tal decisión de la historia y la realidad política y administrativa chilena.

Plantear demasiadas demandas a este proceso parece injusto si se observan otras áreas del quehacer nacional, de tanta o más relevancia que la elección del Gobernador Regional. Ejemplos sobran.

Es el caso del Parlamento, donde mucho de sus integrantes critican la asimetría en su función colegisladora con un Ejecutivo que tiende a abusar del manejo de las urgencias y que también cuenta, en Ministerios y Servicios, con un muy superior apoyo técnico y de asesorías. A esto se agrega la intervención, en muchos temas, del Tribunal Constitucional, cuyas resoluciones, se dice, alterarían la voluntad soberana que respalda las decisiones del parlamento.

Si se revisa la gestión política y administrativa del país se observa que en vitales áreas ella enfrenta la concurrencia inorgánica de numerosos servicios centrales, regionales o municipales. Esto ocurre en la gestión urbana y áreas metropolitanas, borde costero, cuerpos de agua, transporte, recursos hídricos, entre otras. En ellas el quehacer estatal está marcado por duplicidades en las atribuciones, fragmentación de recursos, y ausencia de mecanismos de coordinación y liderazgo.

La gestión municipal, crucial para la mayor parte de la población chilena, muestra también severas anomalías.  Municipalidades de 300 habitantes o de 700.000  cuentan con las mismas atribuciones, siendo obviamente excesivas para las primeras y limitantes para las segundas. Igualmente no se comprende que el sistema de financiamiento crea municipios ricos para atender a población pudiente, como Santiago Oriente, y crea municipios pobres para atender territorios de alta vulnerabilidad social, rurales o de población que vive el aislamiento.

Esos y otros casos de situaciones anómalas y que ameritarían una reforma aún más urgente que la regional, hacen difícil entender el celo con que a esta se le aborda.

Yendo directamente al tema, hay varios otros elementos que relativizan los reparos a la elección de Gobernador Regional.

Primero, la figura de los Intendentes, que pudieron haber sido líderes efectivos y genuinos representantes de sus comunidades y, en consecuencia, tornar innecesaria la demanda por elección, proyectan una imagen de funcionarios excesivamente subordinados al nivel central. Pero ha sido este último el que más ha subvalorado su rol, tanto por la opacidad de los procesos de nombramiento y remoción, como por la tendencia a mantenerlos sólo por períodos breves.

A ello se agrega la decisión reiterada de marginarlos en situaciones complejas –de crisis ambiental, social, política, económica o catástrofes naturales-. El efecto real y comunicacional que genera el nombramiento de delegados presidenciales o ministros coordinadores en terreno es demoledor. Son pocos los Intendentes –como Fuentealba, Tohá y Quinteros- que han escapado a este sino.

Segundo, es creciente en el tiempo la demanda ciudadana regional por contar con personas que, con legitimidad ciudadana, lidere los procesos de desarrollo de sus comunidades y territorios. Por lo mismo ha sido sistemáticamente incorporada en la oferta electoral y compromisos programáticos de todas las candidaturas presidenciales recientes. Tales compromisos son exigibles a las respectivas coaliciones políticas y a las candidaturas parlamentarias que las apoyaron. Salvo que ahora se argumente condiciones en “letra chica”, que no fueron explicitadas oportunamente.

Más recientemente, y como lo informó la prensa, en los encuentros locales y regionales vinculados al proceso constituyente, la descentralización fue uno de los principios más priorizados.

Tercero, la propuesta de elegir a los Gobernadores Regionales con el 40% de los votos parece doblemente razonable, por ser intermedia -y no una innovación extremista- entre los requisitos para elegir alcaldes(a) y presidentes(as) de la república; y también por ser una forma de conciliar las propuestas del gobierno y de la oposición. De eso se trata la política.

Finalmente, el principal argumento usado para cuestionar la elección de Gobernadores Regionales –por insuficientes recursos y atribuciones para cumplir su labor-, debilidad que podría extenderse a alcaldes y parlamentarios, podría ser paradojalmente el mejor argumento para apoyarla.

En efecto, tales figuras, aunque carentes de recursos, pero dotadas de toda la legitimidad ciudadana serían las más apropiadas para conocer y representar las necesidades de sus regiones y, en consecuencia, para dialogar y negociar con el Gobierno Central las futuras competencias y atribuciones que requerirá cada región, como los mecanismo de financiamiento que les darán la necesaria autonomía económica.

Es decir, los primeros Gobernadores Regionales electos, representantes genuinos de sus comunidades, podrían impulsar junto con el Ejecutivo y Congreso un efectivo avance de la descentralización. Es decir, ellos podrían hacer la tarea que no lograron académicos, líderes regionalistas, dirigentes políticos y parlamentarios, y sobre todo los diversos candidatos presidenciales y gobiernos que lo prometieron.

Esta reforma debe aprobarse para terminar con la curiosa circunstancia que los chilenos pueden elegir dirigentes vecinales, concejales y alcaldes, diputados y senadores, e incluso presidente(a) de la república, pero no gobernadores regionales. ¡Vaya paradoja!

POR: Comisión presidencial por la descentralización y el desarrollo regional

Esteban Valenzuela Van Treek , expresidente

María Ignacia Jiménez Suarez, excomisionada

José A. Abalos König, exsecretario técnico